En un detallado y contundente escrito, el Tribunal de Corts andorrano, presidido por el magistrado catalán, Josep María Pijuan, ha obligado a la juez instructora, María Àngels Moreno, a admitir una querella presentada por los antiguos propietarios de la Banca Privada de Andorra, los hermanos Cierco, y su exconsejero delegado, Joan Pau Miquel Prats, contra los responsables de la intervención y venta de la entidad.
Esta querella, que la juez había inadmitido, se dirige entre otros contra la Agencia Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), contra Albert Hinojosa Besolí, Armand Pujal Codony, Charles Cornut, François Lemasson, Joaquim Saurina, Fernando Vázquez de Lapuerta y Oscar Gelabert Ribera. También contra los miembros del Consejo de Administación inicial de Vall Banc SAU, entre los que se encuentra César Goyache País. La querella también incluye como responsables civiles solidarios otras entidades entre las que estarían el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) y JC IV VB Holdings i SARL (JC Flowers).
Todas estas personas e instituciones, muchas de ellas reguladoras gubernamentales del sistema financiero andorrano, han sido o son las que participaron de manera activa en la toma de control de la Banca Privada de Andorra y gestionaron su reestructuración y posterior venta al fondo americano JC Flowers.
Los presuntos delitos
Los antiguos accionistas del banco intervenido en mayo de 2015 y su exdirector general consideran que las personas e instituciones que han intervenido en el proceso de reestructuración y venta de BPA han incurrido, presuntamente, en los delitos de prevaricación de funcionario público, administración desleal de patrimonio público, administración desleal, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Esta querella se fundamenta principalmente en el mecanismo utilizado para la transmisión de los fondos de BPA a Vall Banc, el banco que recogió los activos considerados “buenos” tras las acusaciones de blanqueo contra BPA, y la posterior venta de Vall Banc al fondo americano JC Flowers.
Como ya avanzó eltaquigrafo.com, está operación se realizó mediante bonos convertibles en acciones de Vall Banc (CoCos), valorados en 70 millones de euros. Así, Banca Privada de Andorra, recibió los CoCos y traspasó a Vall Banc dinero de clientes por importe de 96,2 millones a cambio de dicho papel, unos bonos, que posteriormente compro JC Flowers por 12,8 millones para hacerse con el control de Vall Banc y el dinero de sus clientes.
El gobierno andorrano pierde 83,4 millones
Esta operación ha generado unas pérdidas para el gobierno del principado pirenaico de más de 83 millones de euros, ya que han depositado en manos de JC Flowers, un banco (Vall Banc), con activos por valor de 96 millones, por los que el estadounidense ha pagado sólo 12,8.
Los querellantes consideran que, el montaje financiero creado por el gobierno andorrano para facilitar la venta de BPA al americano Flowers, perjudica enormemente la solvencia de la antigua BPA y esto pone en grave peligro los ahorros de las personas que, aún, están atrapadas en el banco intervenido y que deberán pagar con su dinero la diferencia de valoración fruto de dicha venta.
La resolución del magistrado
En su escrito, el juez Pijuan, no sólo es extremadamente claro en la descripción del mecanismo de traspaso de Banca Privada de Andorra a Vall Banc y su posterior venta, dejando al descubierto el menoscabo económico sufrido, también es taxativo al indicar que la juez instructora justificó con generalidades la no admisión de la querella.
Por otro lado, el magistrado también considera que las pruebas y documentación aportadas mediante periciales a la querella constituyen motivo suficiente para una investigación.
En concreto, el juez ordena a la instructora que proceda a la admisión a trámite de la querella, que realice las diligencias de investigación necesarias para obtener una mayor y más completa información sobre los hechos objeto de la querella y descubra cuál era el valor real de las obligaciones convertibles (CoCos) en la fecha de su emisión, cuál era el valor real de dichos CoCos en el momento de su adquisición por parte de JC Flowers, cuál fue el precio pagado por el fondo americano y en su caso, cuáles fueron los motivos de su depreciación. También debe investigarse cuál fue el papel de cada uno de los querellados en los hechos investigados.
Pijuan acaba sentenciando que sólo así se podrá valorar si la enorme pérdida de valor de los CoCos, que en tan sólo dos años pasan de 70 a 12,8 millones de euros, obedece, o no, a causas que excedan del ámbito penal.
