Cuando llegó el día de vacunarse, los cientos de policías nacionales y guardias civiles destinados en Catalunya recibieron una noticia de última hora, totalmente inesperada: de forma paralela al resto del país, la Generalitat decidió que en dicha región tan solo se vacunarían a los agentes de entre 60 y 65 años. El resto de los agentes de ambos cuerpos policiales destinados en esta comunidad autónoma debían esperar.
Esta información enervó a los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que tildaron de “absoluta discriminación” el trato que la Generalitat mostró con ambos colectivos. En especial, porque los Mossos d’Esquadra y las policías locales ya habían vacunado por entonces a la totalidad de su plantilla.
Cuatro cargos investigados
Ante esta situación, la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil, y el sindicato de la Policía Nacional Jupol presentaron una querella ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), señalando como principal responsable a la exconsellera de Salut y actual diputada de ERC Alba Vergès. Ahí se inició la investigación.
Ahora el TSJC ha respondido. Y, aunque ha dejado a Vergès al margen, ha ordenado al Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona que investigue a otros cuatro cargos de la Generalitat por presuntamente tomar la decisión de retrasar la vacunación de los policías y guardias civiles menores de 60 años en Catalunya. Los cuatro investigados tenían responsabilidades en el Departament de Salut cuando se cometieron los hechos hace poco más de un año, el 25 de marzo de 2021.
De esta forma, como avanzaba El Mundo y ha podido comprobar esta redacción, se cita a Carmen Cabezas, primero en el cargo de subdirectora general de Promoción de la Salud y después en la Secretaría de Salud Pública; Adriá Comella, quien fue director del Servicio Catalán de Salud y ahora es el gerente del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Sara Manjon, directora del Área de Organizaciones y Profesionales del Departamento de Salud; y, a Xavier Rodríguez director de Servicios del mismo departamento.
Posibles delitos de prevaricación y contra la salud de los trabajadores
De este modo, y con esta decisión, la sección contencioso administrativa del TSJC consideró que hubo discriminación hacia efectivos de Guardia Civil y Policía destinados en Catalunya y por eso, en su auto, instó al Juzgado instructor a "practicar las investigaciones oportunas que permitan discernir quiénes podrían ser objetivamente considerados como garantes y qué autoridades o funcionarios pudieron incumplir el deber de actuar impuesto por las normas sanitarias específicas promulgadas en relación con el Covid-19".
Con todo, el juez ha abierto ya diligencias de investigación y está a la espera de saber si los acusados recurren esta imputación para determinar la fecha exacta de las declaraciones. Por su parte, Jupol y Jucil consideran que podría existir un delito de prevaricación y otro contra la salud de los trabajadores.
Jupol celebra la decisión judicial
Pablo Pérez, portavoz Nacional de Jupol, celebra esta decisión judicial y asegura a preguntas de este medio que “no hace más que confirmar la discriminación sufrida por miles de agentes de la Policía y de la Guardia Civil en Catalunya”. “Queremos que los responsables paguen y que no salgan impunes después de jugar con la salud de nuestros agentes, que, como el resto de cuerpos policiales en Catalunya y en todo el país, se dejaron la piel durante los meses de pandemia”.
