La fiscal cree que el acusado formalizó una pareja de hecho tras ingresar en prisión por estos hechos, precisamente para “aparentar arraigo” en España y evitar la expulsión en 2021.
Esta martes ha arrancado en la Audiencia de Barcelona el juicio contra Felipe H.P., el falso repartidor de Deliveroo – empresa especializada en el transporte de comida a domicilio – acusado de cometer tres abusos y una agresión sexual a cuatro mujeres distintas, una de ellas de 16 años, en Barcelona. Los hechos sucedieron en el barrio de Sarrià entre noviembre de 2020 y enero de 2021: el acusado, con el atuendo de repartidor, se colaba en los portales de las víctimas aprovechando que salían o entraban de la finca y abusaba de ellas.
Por ello, la fiscala Alexandra García Tabernero pide una condena de 19 años de prisión por los presuntos delitos de abuso y agresión sexual y por revelación de secretos, ya que grabó una de las agresiones con su teléfono móvil. Pero, además, en sede judicial y durante las cuestiones previas, la representante del Ministerio Público ha aportado nuevas pruebas contra el acusado para quien ha solicitado su expulsión del país.
La fiscala cree que formalizó una pareja para eludir la expulsión
Felipe H.P., es un hombre de origen colombiano de 33 años, con antecedentes por intento de homicidio y amenazas a funcionarios en Chile. País del que ya fue expulsado antes de llegar a España. Con estos antecedentes y con la creencia de que formalizó una pareja de hecho tras ingresar en prisión por estos hechos, precisamente para evitar la expulsión; García Tabernero ha aportado nuevos testigos decidida a demostrar que el acusado hizo esta operación para eludir la expulsión por “aparentar arraigo” en España.
Felipe H.P., es un hombre de origen colombiano de 33 años, con antecedentes por intento de homicidio y amenazas a funcionarios en Chile.
Se suspende la sesión
Con el aluvión de nuevas pruebas presentadas por la fiscala, la sección 9ª de la Audiencia de Barcelona ha decidido suspender la primera sesión, prevista para este mismo martes, para que el abogado de la defensa pueda estudiarse los nuevos documentos aportados por el Ministerio Fiscal.
Entre estos nuevos testigos se encuentran cinco policías, uno de ellos de la Policía Nacional y los otros de la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos d'Esquadra, además de un médico forense.
Indemnizaciones de entre 1.000 a 3.000 euros
Además de la condena de 19 años y la expulsión del país, la Fiscalía también pide unas indemnizaciones de 3.000 euros para dos víctimas y 1.000 más para otras dos. En un principio había una posible quinta víctima, pero fue retirada por falta de pruebas. El acusado ya ha ingresado 4.500 euros a la cuenta judicial a favor de las víctimas para que se le aplique el atenuante de reparación del daño.