Irune Costumero todavía tiene pesadillas. Los gritos ahogados de su hija cuando la “arrancaron” de sus brazos el 4 de agosto de 2017 se le repiten una y otra vez, convirtiéndose, al mismo tiempo, en el motor que la ha conducido hasta aquí, hasta hoy. Casi cuatro años después de ese día, este lunes empieza el juicio contra los funcionarios de la Diputación de Vizcaya que dieron esa orden, sin aval judicial previo. De este modo, los que en agosto de 2017 la esperaban en una sala de la sede de servicios sociales de la Diputación para separarla de su hija, se sientan hoy en el banquillo de los acusados.
Tres funcionarias y un funcionario del servicio de menores de la institución foral de Vizcaya se enfrentan a acusaciones de prevaricación, maltrato y lesiones psíquicas hacia esta mujer y la niña. La sala deberá analizar si los cuatro responsables de la institución separaron a ambas a sabiendas de que no estaban actuando correctamente y si son, además, responsables de su sufrimiento. Se tratará de determinar si esta situación supone un caso de violencia institucional, tal y como se desprende de un informe remitido por la ONU en septiembre de 2020 al Gobierno de España pidiendo explicaciones.
Acusada de ejercer el falso síndrome de alineación paternal
Los funcionarios se acogieron, para aprobar esta decisión, al falso síndrome de alienación parental (abreviado como SAP). Este supuesto síndrome consiste en negar la veracidad de lo que declara un menor inmerso en un contencioso judicial entre sus progenitores con el argumento de que uno de ellos, generalmente el que tiene la custodia (la mayoría de las veces, la madre), le convence para que declare en contra del otro. Acusando de este modo al progenitor en cuestión, normalmente las madres, de ejercer una especie de lavado de cerebro sobre sus hijos.
Este síndrome, sin embargo, se trata de una falsa patología que no está reconocida por ninguna institución médica o psiquiátrica internacional, pero que se aplica en los procesos judiciales y tiene como consecuencia inmediata la retirada de custodia de las madres, acusándolas de influir en que sus hijos no quieran ver a sus padres.
Lleva 4 años luchando por recuperar a su hija
En el momento de los hechos, la pequeña tenía tan solo 5 años. Ese día los funcionarios que hoy se sienten en el banquillo de los acusados y la policía le leyeron la orden en la que se le anunciaba que la Diputación foral de Vizcaya asumía temporalmente la tutela de la niña y le cedía provisionalmente ésta al padre. Irune no podría tener ningún contacto con ella durante un mes y luego ya se vería. Tres meses tardó en verla y la primera vez fue en un punto de encuentro vigilado. Como lo ha sido hasta hace bien poco.
Ahora, desde enero y después de tantos años, tan solo ha conseguido estar con ella un fin de semana de cada dos y parte de las vacaciones. Muchos le han aconsejado que tire la toalla, pero Costumero se siente en deuda con su hija y con las decenas de familias que sufren lo mismo que ella. Es consciente de que nadie le devolverá el tiempo perdido: los cumpleaños, las navidades… pero quiere que se haga justicia con aquellos que hicieron de sus vidas, la suya y la de su hija, una tortura.
Costumero reclama justicia y que le devuelvan a su hija
El juicio, que tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Vizcaya, se prolongará hasta el miércoles. La abogado de Costumero ha solicitado para los cuatro acusados cinco años, ocho meses y un día de prisión, además de 15 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público. Por esta querella, la Diputación ya ha tenido que depositar 600.000 euros en el juzgado. Una petición de penas que para Costumero "es irrisoria para todo el daño que están causando".
“¿Cómo es posible que aún con la llamada de atención de la ONU al Gobierno de España y al Ministerio de Igualdad de Irene Montero por la violencia institucional no haya cambiado nada?", se pregunta. Hoy, y al igual que el primer día, Irune Costumero solo quiere justicia y, por supuesto, que le devuelvan a su hija.
