José María Fuster-Fabra lleva años dedicándose a defender a quienes nos defienden. Ha respaldado a cientos de policías de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a día de hoy, sigue sin comprender la base incriminatoria del ‘caso Macedonia’ y los motivos que condujeron al juez instructor, Joaquín Aguirre, y a la fiscal, Ana Gil, a acusar a su cliente, el subinspector J. Ranea, de colaborar con una presunta red de narcotraficantes. Extremo que esta causa tampoco ha podido demostrar.
La relación era policía – confidente
De hecho, como defendieron los letrados de los presuntos narcos, este procedimiento no ha permitido probar ni que los acusados se dedicaban al tráfico de drogas, ni que el subinspector Ranea, el único agente de los Mossos d’Esquadra que finalmente ha permanecido imputado, colaborase con ellos de forma ilícita.
Que el policía mantenía relación con alguno de ellos, especialmente con los señores Crespo y Núñez, es un hecho que se sabe desde el primer momento, pues se reconoció y se demostró que habían sido sus confidentes. Como lo fue Manuel Gutiérrez Carbajo, otro de los acusados en esta causa, de Josep Lluís Trapero o Toni Salleras en la causa ‘Saratoga – Riviera’.
Ni colaboración, ni ‘mordidas’
Tanto el Major, como el Inspector Salleras, exjefe de Anticorrupción, dejaron constancia en sede judicial de los procedimientos que en 2010 debían hacerse para informar sobre las reuniones, encuentros o comunicaciones de un policía con sus informares. Y éstos fueron tal cual los pasos que siguió Ranea. Sin embargo, la fiscal insiste en que el subinspector orquestó una serie de informes y llamadas para cubrirse las espaldas, cuando en realidad estaba participando con ellos. Extremo que, en ningún caso, se ha podido demostrar en sede judicial.
Como tampoco que cobrara ‘mordidas’ a cambio de favores de parte de estos presuntos narcos. En este sentido, Fuster-Fabra ha recordado que los peritos económicos, entre ellos uno de la Agencia Tributaria, no pudieron concluir movimientos o ingresos sospechosos en las cuentas de su cliente. Poniendo, así, en tela de juicio la idea de la fiscal y el juez instructor de que el policía recibía un sueldo extraordinario por colaborar con los presuntos narcos. De hecho, fue esta parte quien solicitó incorporar el informe patrimonial del acusado con voluntad de transparencia y con el objetivo de poner fin al infundio que se estaba extendiendo en este sentido.
Las intervenciones telefónicas
En cuanto a las cuestionadas intervenciones telefónicas, Fuster-Fabra ha recordado, como ya hicieron sus compañeros en otras sesiones, que esta medida fue poco motivada tanto por el juez, como por los agentes de la División de Asuntos Internos de los Mossos, que, luego, además, dejaron más de 200 sin transcribir. Justamente, apuntaba el letrado, desecharon aquellas que demostraban o contextualizaban la inocencia del subinspector J. Ranea.
Incluso, en este sentido, el reputado abobado penalista ha recordado que el Inspector Toni Salleras, que acudió como testigo, ya manifestó ante el tribual cuál era su opinión profesional sobre dichas intervenciones. Llegando a afirmar que la DAI no tenía indicios suficientes como para ejecutar una medida tan restrictiva e invasora como esta. Cabe recordar que Salleras, junto al Major Trapero, fueron dos de los Mossos d’Esquadra que más cargaron contra la instrucción de esta caso, reconociendo que el juez Aguirre les ordenó que pidieran ciertas diligencias, en relación con el origen de la causa, a las que ellos se opusieron.
El origen de la causa
En relación con la trama original que abrió el caso y que afectaba a la Guardia Civil, Fuster-Fabra, como ya hizo el letrado de Gutiérrez Carbajo, ha recordado que el juez de Instrucción 1 de Barcelona se obsesionó con la idea de que los 16 agentes del grupo ECO implicados habían cometido un delito de corrupción, al manipular una operación antidroga con algunos de los ahora acusados. Sin embargo, el grupo de Salleras no lo pudo demostrar. Fue entonces que, disgustado con este resultado, el juez instructor Joaquín Aguirre ordenó al Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Benemérita la redacción de un informe que aclarase el caso, apartó a los Mossos e imputó al grupo de Anticorrupción.
De dicho oficio del SAI se pudo extraer que dos agentes de los Mossos en Vilanova i la Geltrú, uno de ellos el subinspector Ranea, podrían tener algún tipo de vínculo con los narcos investigados. Sin determinar, en ningún caso, el tipo de relación. Fue entonces que la DAI determinó que este vínculo venía dado por temas ilícitos, sin contemplar la idea de que podrían ser sus confidentes, como ha quedado demostrado, e intervino una decena de teléfonos móviles sin más justificación.
Ranea no es ‘el cordobés’
En cuanto a la insistencia de la fiscal acerca de que J. Ranea era conocido como “el cordobés”, según se puede extraer de las escuchas, el letrado de la defensa ha recordado que en el oficio del SAI se identifica con este apodo a un cabo primero de La Benemérita. De este modo, toda la acusación que se sustenta con esta teoría cae, al ser el autor de los hechos que se le imputan alguien que nada tiene que ver con este subinspector. “Ranea ni es de Córdoba, ni ha estado en Córdoba en su vida”, ha insistido Fuster-Fabra, visiblemente cansado de que se repita una y otra vez que su cliente se apodaba con este gentilicio, cuando está acreditado que se trata de otra persona.
Ni registraron su casa
Por último, el letrado ha lanzado un mensaje al aire: “¿Cómo es posible que si mi cliente estaba tan mentido en el ajo que no se le registrara su domicilio, ni siquiera se le requisara tu teléfono móvil?”. Recordando que el 15 de octubre de 2010 cuando lo detuvieron lo trasladaron hasta Sant Andreu de la Barca y no a la comisaría de los Mossos en Les Corts, como es habitual. Allí, según su versión, lo presionaron para que cargase contra el que había sido responsable de la investigación de los burdeles ‘Saratoga y Riviera’ (Salleras), a lo que Ranea se negó.
Es ante esta secuencia, resumida, de hechos, que Fuster-Fabra ha pedido la absolución de su cliente: “solicito una sentencia absolutoria para un hombre que ya ha sido condenado”. Durante estos 12 años ha vivido la muerte de su mujer y ha visto estancarse su carrera profesional por la cual se había desvivido durante toda su vida. “Este caso es una macedonia policial y judicial sin pies ni cabeza” ha sentenciado el abogado.
