Jaume Giró, conseller de economía de la Generalitat, ha interpuesto ante la Fiscalía una denuncia contra Alicia Sánchez Camacho y el ex comisario Villarejo, en la que solicita al ministerio público que investigue a los dos denunciados por revelación de secretos, malversación de caudales públicos, pertenecía a organización criminal. En la denuncia solicita a la Fiscalía que llame a declarar a Sánchez Camacho y a Villarejo.
“Operación Catalunya”
La denuncia del conseller se sustenta en los audios que se han ido filtrando en la últimas semanas de una conversación grabada durante un encuentro en Sánchez Camacho y Villarejo, en el que la dirigente del Partido Popular facilita al ex comisario una serie de nombres de personas vinculadas al independentismo para que fueran investigados y poder obtener cualquier información que les pudiera comprometer, en lo que ya se conoce como “Operación Catalunya”. Entre esos nombres figura el de Jaume Giró, razón por la que interpone ahora la denuncia ante la Fiscalía
Giró apunta en la denuncia que cuando sucedieron estos hechos, en el año 2012, él no ostentaba ningún cargo público y que su actividad laboral se desarrollaba completamente en el sector privado, concretamente, como directivo del sector de la banca. En la denuncia interpuesta el denunciante aclara que sólo se representa a sí mismo y que no denuncia en nombre de su partido, JuntsXCat, ni de ninguna otra organización ni del govern de la Generalitat.
Varios delitos a investigar
En la denuncia, a la que ha podido tener acceso eltaquigrafo.com, Jaume Giró solicita la investigación por revelación de secretos por parte de un funcionario público, en referencia a Villarejo, delito en el cuál, Sánchez Camacho habría sido una colaboradora necesaria según la denuncia.
Otro de los delitos que pide Giró que se investigue es el de organización criminal, sustentado en que estas acciones se sostuvieron en el tiempo. Y por último, les imputa a los denunciados una posible comisión de un delito de malversación, argumentando que los agentes de policía y los medios utilizados para llevar a cabo los espionajes eran públicos, y en ningún caso se debían haber destinado a estas acciones.
Ahora la denuncia se encuentra a la espera de su valoración por parte de la Fiscalía, lo que determinará su posible admisión a trámite y la apertura de un proceso judicial que esclarezca los hechos denunciados.
