Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) condenada a dos años y seis meses de cárcel por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, ha ingresado en la mañana de este viernes en el centro de inserción social Matilde Cantos de la capital granadina para cumplir la orden de ingreso en prisión.
Rivas ha llegado en taxi en torno a las 10:48 horas a este centro de inserción social, acompañada de sus abogados. Todos los focos mediáticos estaban pendientes, desde hace días, de cuál sería la reacción de la granadina, después de que el pasado 27 de mayo, recibiese el auto de ingreso a prisión emitido por el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada. La mujer, visiblemente emocionada, ha manifestado en un comunicado para la ocasión que los principales perjudicados de esta situación han sido, son y serán sus hijos, “obligados a vivir con un maltratador”.
Rivas ha solicitado el indulto al Gobierno
Rivas, que también ha solicitado el indulto al Gobierno, está condenada en firme por permanecer durante el verano de 2017 un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella volvió a denunciar por maltrato en 2016.
"Voy a cumplir con una decisión que considero muy injusta, pero que no voy a desobedecer", ha agregado. Señalando así que "por muy duro que sea entrar en la cárcel, los momentos más terribles" de su vida han sido cuando "no tuvo más remedio" que entregar a sus hijos al padre de los menores porque la justicia se lo "exigió".
Antecedentes del caso
El caso Juana Rivas empezó hace años: cuando la mujer y su ahora exmarido, Francesco Arcuri, vivían juntos en Granada. Entonces, en una noche en la que ella había salido, se produjo un altercado en casa cuando volvió. Según la sentencia, tanto Rivas como Arcuri presentaban daños por la pelea.
El italiano, sin embargo, aceptó la denuncia de malos tratos porque, aseguró, pensó que de esa forma no perdería el contacto con el hijo que ya tenía con la granadina y podría reconducir la relación. La cuestión es que la pareja se reconcilió tras este episodio y se mudó a Italia. Y, así fue como con varias denuncias previas por violencia de género, una orden de alejamiento que nunca se cumplió y un primer hijo en común, la pareja abandonó la Granada natal de Rivas en 2010 y se instaló en la isla italiana, donde nació el segundo hijo de la pareja. Años más tarde, en 2017, Juana Rivas huyó de la isla de San Pietro, en Cerdeña, después de innumerables idas y venidas con su exmarido con el pretexto de ir a ver a su familia a Granada. Se fue con los críos.
Rivas se ocultó para no entregar los niños al padre
Juana Rivas decidió en el verano de 2017 coger a sus hijos y marcharse a España bajo el pretexto de un viaje familiar. Ocultó durante días a los niños de su padre, asegurando que era víctima de malos tratos. El apoyo entonces fue general e incluso la presidenta de la Junta en aquel momento, Susana Díaz, llegó a escribir: «Todo mi apoyo a Juana Rivas en su lucha para proteger a sus hijos. Los niños también son víctimas de la violencia machista».
Fue entonces que empezó la carrera judicial entre España e Italia. El 24 de julio, la Audiencia de Granada decreta que Juana Rivas tiene 48 horas para entregar a los menores. El 16 de agosto se rechaza el recurso de amparo y Rivas decide no acudir a declarar a la nueva citación judicial. El 22 de agosto será detenida, si bien se dicta orden de libertad provisional, comunicada y sin fianza, retirada del pasaporte de los niños y prohibición de salir del espacio Schengen. El 28 de agosto, Juana Rivas hará entrega de los menores a Francesco Arcuri, el cual se los llevará a Italia donde permanecerán a partir de entonces.
A prisión y sin la patria potestad
En 2018 la condenaron a cinco años de prisión, seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad, 30.000 euros de indemnización a su expareja y el pago de los costes judiciales. Finalmente, tras varios recursos, en abril de 2021, el Tribunal Supremo rebajó la pena de la mujer a dos años y medio de cárcel, confirmando la pena de seis años de retirada de patria potestad y el pago de una indemnización de 12.000 euros por los daños morales y materiales causados al padre de los menores.
