Más de tres años después de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del 17 de agosto de 2017, este martes, la Audiencia Nacional acoge el inicio del juicio oral contra los tres presuntos integrantes vivos de la célula yihadista que protagonizó la masacre en Las Ramblas de la capital catalana y sembró el pánico en Cambrils. Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Lazza serán juzgados por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal por los delitos de integración en organización terrorista; fabricación, tenencia y depósito de sustancias explosivas; y conspiración para el delito de estragos terroristas.
Aunque, para las acusaciones particulares, el objetivo será intentar que los tres acusados respondan, también, por los heridos y asesinados (16 personas murieron y 140 resultaron heridas). A esta decisión, se han opuesto, de momento, los jueces, al entender que ninguno de los tres acusados conocía los planes que los miembros de la célula acabaron ejecutando antes de ser abatidos por los Mossos d'Esquadra.
Así pues, con las aproximadas 20 sesiones de juicio oral que se celebrarán, lo que se pretende es determinar el grado de participación de los tres acusados, quienes se enfrentan a peticiones fiscales de entre 8 y 41 años de prisión por su papel en la célula terrorista.
Para Houli y Oukabir las penas más severas
Se sentarán en el banquillo, Mohamed Houli Chemlal, superviviente de la explosión en el chalé de Alcanar; Driss Oukabir, a cuyo nombre se alquiló la furgoneta utilizada en Las Ramblas; y Said Ben Iazza, quien, presuntamente, prestó a la célula una furgoneta frigorífica en la que transportar el peróxido de hidrógeno que precisaban para fabricar los precursores de los explosivos.
Para los dos primeros, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 41 y 36 años de prisión, respectivamente, por los delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de sustancias explosivas; y conspiración para el delito de estragos terroristas; y, para el tercero, solicita ocho años de cárcel por colaboración con la célula.
Sin embargo y, por otro lado, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo piden prisión permanente revisable para Oukabir y Houli Chemlal por 15 presuntos delitos de asesinato terrorista.
Más de 400 agentes citados a declarar
Sea como sea, los magistrados de la Audiencia Nacional tratarán de esclarecer los hechos, que se enmarcan en el papel de los tres acusados, en el trascurso de unas 20 sesiones que prolongarán el juicio hasta el 16 de diciembre, aproximadamente. Tanto la Fiscalía como las acusaciones intentarán reconstruir los hechos y, por eso, se ha citado a más de 400 agentes entre Mossos, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, para que declaren como testigos y peritos. Hay convocados agentes de los Tedax, bomberos, miembros del instituto de toxicología, traductores, peritos calígrafos y peritos de balística. Además de víctimas y testigos directos, la Fiscalía cuenta con el testimonio de tres testigos protegidos que relacionarán a los acusados con los autores de la masacres.
Se escuchará a Mohamed Alla, inicialmente detenido por ser el dueño del coche con el que se perpetró el atentado en Cambrils, y también está prevista la testifical del gerente del locutorio de Ripoll, Salh el Karib, detenido también en un inició por comprar, desde su local, algunos de los billetes de avión que la célula utilizó para viajar al extranjero las semanas previas a los atentados.
Barcelona otorga 50.000 euros a las víctimas del 17-A
Este fin de semana también se conocía, por otro lado, que el ayuntamiento de Barcelona otorgará 50.000 euros a las víctimas del atentado del 17-A para que puedan hacer frente a los gastos del juicio y garantizar, de este modo, su asistencia legal a través de un convenio que firmará con la asociación 11-M Afectados por el Terrorismo. La alcaldesa, Ada Colau, lo ha explicado en rueda de prensa junto al presidente de la dicha asociación, Eulogio Paz, y el de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (Uavat), Robert Manrique, tras reunirse telemáticamente con una veintena de víctimas.
Llegamos al juicio con dudas por resolver
Y, aunque la mayoría de los integrantes de la célula terrorista, entre los que se encontraba su líder, el imán de Ripoll (Girona), Abdelbaki Es Satty, murieron por sus ideales y, con ellos, la verdad, pasados tres años de aquella tarde de auténtico pavor, con la instrucción del caso cerrada y a 24 horas del inicio del juicio, sigue habiendo dudas que ni la investigación ha logrado esclarecer.
Como se desprende del libro, «Los Silencios del 17-A», publicado este año 2020 por la periodista de TV3, Anna Teixidor, la investigación policial no ha sabido (o no ha querido) resolver algunos interrogantes clave para entender el porqué de los viajes que Es Satty y otros miembros de la célula realizaron a Paris y Bélgica semanas antes de perpetrar el atentado. Si éstos les sirvieron para entablar contacto con otras células del centro de Europa, ¿quién les financiaba? ¿Qué relaciones mantuvo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el imán de Ripoll? ¿Tuvieron ayuda externa? ¿Por qué Es Satty decidió ir a Ripoll tras salir de prisión? ¿Sabía que un grupo de jóvenes, cómo se constata en la investigación, había empezado por su cuenta un proceso de radicalización? ¿Por qué se vio la furgoneta de Es Satty en Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) tras la explosión de Alcanar? ¿Quién la conducía?…
Teixidor ha destinado más de dos años a intentar poner orden a todos estos interrogantes y, tras leerse y releerse el sumario, hablar con las víctimas y con los familiares de los terroristas, todavía han quedado algunos de ellos sin resolver. «La verdad siempre acaba saliendo a la luz», insistía la periodista a preguntas de este medio, «pero quizá pasaran años hasta saber qué pasó realmente antes de esa tarde de agosto», porque saber el pasado es imprescindible para entender el atentado e intentar establecer soluciones y prevenciones de cara al futuro.
