El juicio contra Sandro Rosell ha dado el pistoletazo de salida. Tras 600 días en prisión preventiva, el expresidente del Barça se ha sentado en el banquillo de los acusados. La primera fase, las cuestiones previas, el primer turno, la defensa.
Esta primera sesión ha servido para que los abogados de Rosell arremetieran con fuerza contra un procedimiento que consideran “desproporcionado y desmesurado”.
Todos han coincidido en destacar que los delitos que se atribuyen a Rosell y al resto de acusados no son constitutivos de delito en Brasil ni en Andorra, que son los lugares donde se produjeron los hechos y donde, además, ya han sido investigados.
La defensa ha insistido en desmentir que se cometieron dichos delitos y ha añadido que, en caso de haberse cometido, no correspondería a la justicia española juzgarlos.
La defensa
Pau Molins, abogado de Rosell, ha solicitado, además, su puesta en libertad de manera inmediata y ha recordado que es la misma justicia que ha mantenido encarcelado a Rosell la que “no ha dudado en dejar en libertad a personas procesadas o condenadas por delitos más graves como La Manada”.
Si Rosell y su socio Besolí, “pudieran comparecer libres sería la mejor garantía que (para el tribunal) no pesarán otros factores que no sean las pruebas practicadas en este juicio”, ha alegado Molins.
En el mismo trámite de cuestiones previas, el abogado de Rosell ha rechazado la aceptación como prueba de la declaración del exfutbolista del Barça Romario que compareció en 2018 para señalar que la Confederación Brasileña de Fútbol se había visto perjudicada por la actuación de Rosell y Teixeira.
“Romario jugaba muy bien al fútbol, recuerdo un gol al Madrid, pero no es jurista”, ha recriminado el abogado de Rosell.
En el banquillo de los acusados
En el banquillo se sientan además de Rosell, su esposa, Marta Pineda, el abogado andorrano y socio Joan Besolí, el ciudadano libanés amigo del primero Shane Ohanneissian y dos presuntos testaferros, Pedro Andrés Ramos y Josep Colomer, que se enfrentan a penas de entre seis y once años de prisión por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.
La Fiscalía
La Fiscalía estima que Rosell se quedó con al menos 6,5 millones de euros del total de 20 millones de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) blanqueados.
Se trata de unas supuestas intermediaciones de Rosell en la cesión de los derechos audiovisuales de la Confederación Brasileña de Fútbol a una sociedad árabe en 2006, por los que Rosell habría recibido dinero en Andorra, y en un contrato en 2008 entre la CBF y Nike para equipar a la selección de fútbol de Brasil.
En el centro de la trama, según la fiscalía, se encontraban Sandro Rosell y su brazo derecho, Joan Besolí, para quienes solicita unas penas de 11 y 10 años de prisión. Para el resto, que supuestamente desempeñaron un papel como cooperadores, las peticiones van de los ocho a los seis años de cárcel.
Con todo, el fiscal José Javier Polo se ha opuesto a la libertad pedida por las defensas de Rosell y Besolí.
