Tras 15 meses desde que la Fiscalía General del Estado procediera por rebelión contra los líderes del independentismo catalán, hoy arranca el juicio del “procés”. En el banquillo se sentarán 12 políticos catalanes que, según la acusación, fueron los creadores y promotores del plan para separar a Cataluña de España. De estos doce, 9 siguen en prisión preventiva. Todos ellos se enfrentan a tres acusaciones personadas.
La Fiscalía del Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox, acusan a los políticos independentistas de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia grave. Delitos y penas que varían en cada una de las acusaciones.
Acusación de la Fiscalía
En la cabeza, la Fiscalía del Tribunal Supremo. Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno son los cuatro fiscales que defienden que los acusados se alzaron violenta y públicamente para conseguir sus objetivos. En este sentido y como se ha podido intuir en los últimos meses, el debate se centrará, precisamente, en este aspecto: en si hubo o no hubo violencia.
Este detalle será el apartado clave de la vista oral, porque si se demuestra que, efectivamente hubo violencia en los hechos denunciados, el delito de rebelión, que defienden la Fiscalía y la acusación popular, se justificaría.
Por otro lado, la Abogacía del Estado se desmarcó de este aspecto y considera que lo ocurrido en Cataluña fue constitutivo de delito de sedición, pues no consideran que hubiese violencia por parte de los acusados, para sostener el delito de rebelión.
Pero para la Fiscalía el hecho de que los acusados asumieran la posibilidad de que se produjera una violencia manteniendo el referéndum ilegal del 1-O pese a las advertencias de la cúpula de los Mossos es suficiente para entender que se cometió rebelión.
Por ello pide 25 años de prisión para el principal acusado, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, a quien acusan de rebelión y malversación. Por los mismos delitos, reclama 16 años para Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Raül Romeva (Asuntos Exteriores) y Dolors Bassa (Trabajo), debido a su menor grado de implicación. Para Carme Forcadell (expresidenta del Parlament), Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) pide 17 años – únicamente por rebelión – y el resto, Santi Vila (Empresa), Meritxell Borràs (Gobernación) y Carles Mundó (Justicia), se enfrentan a 7 años por desobediencia y malversación de caudales públicos.
La Abogacía del Estado
La Abogacía general del Estado, que depende directamente del Ministerio de Justicia, es representada por la abogada Rosa María Seoane. Esta no ve rebelión en lo sucedido y pide penas por un delito de sedición al considerar que el alzamiento fue público y tumultuario, pero no violento.
Las penas oscilan entre los 8 y los 12 años de prisión. De nuevo, la mayor pena la recibiría Junqueras por su gran implicación en la causa investigada. Mientras que el exvicepresidente se expone a 12 años de prisión por sedición y malversación y 12 de inhabilitación, los exconsejeros en prisión se exponen a 11 años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación por sedición y malversación.
Por otro lado, para los exmiembros del Govern que actualmente se encuentran en libertad con fianza, la Abogacía General pide 7 años de prisión, como la Fiscalía, y una multa de 100 euros diarios durante 10 meses por desobediencia grave. Finalmente, para Forcadell, Sánchez y Cuixart se piden 8 años de prisión y 8 de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.
Acusación popular
La acusación popular ejercida por dos miembros de Vox, Javier Ortega-Smith y Pedro Fernández.
Estos sostienen que el alzamiento se produjo de manera violenta y que, por lo tanto, se cometió un delito de rebelión. En concreto Vox reclama las condenas más altas, pidiendo hasta 74 años de prisión para los políticos con más protagonismo en los hechos.
Escenario
El juicio empezará con las cuestiones previas, momento en que las defensas intentaran conseguir la nulidad del proceso por “irregularidades en la instrucción”. El denominador común de los abogados defensores se centra, de nuevo, en demostrar que no hubo incitación a la violencia.
El tribunal, compuesto por 7 magistrados de la Sala 2 del Supremo y dirigido por Manuel Marchena, tendrá que decidir sobre estas cuestiones.
Seguidamente se procederá al interrogatorio de los acusados, que pueden elegir si contentar o no hacerlo, incluso responder solo a aquello que deseen.
Tras esta fase se dará inicio a la declaración de los testigos, que pueden llegar a ser varios cientos, se estiman unos 600. Entre estos destacan: Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro, Roger Torrent, Artur Mas, Iñigo Urkullu, o el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.También se esperan testigos internacionales procedentes de Alemania, Dinamarca o La Haya.
Una vez los testigos hayan dado su versión de los hechos, se dará paso a la declaración de los peritos expertos (Fase Documental). El momento de mayor tensión será cuando las 3 acusaciones expongan de manera definitiva los delitos que creen que han sido acreditados y las penas firmes que solicitan por cada uno de los acusados. Entonces, el juicio quedará visto para sentencia.
Acusación desunida y defensa con poca fe
Con todo, destaca la diferencia entre los delitos que defienden Fiscalía y Abogacía del Estado. Y, aunque Fiscalía y Tribunal coinciden bastante a nivel ideológico, ahora el Ministerio Público tiene un trabajo añadido: demostrar que su versión está mejor argumentada que la expuesta por la Abogacía, en cuanto al delito de rebelión.
Por su lado, los abogados defensores plantean un juicio con una fuerte carga política, al entender que el tribunal ya tiene ‘in mente’ la condena, y apuestan por la justicia europea.
Este grupo de juristas denuncia la vulneración de derechos fundamentales y el ataque y represión por parte del Estado español hacia el movimiento independentista.
