Tras cinco semanas declarando, el exCEO de Banca Privada Andorrana, Joan Pau Miquel, ha cerrado la última sesión antes del parón por vacaciones haciendo un resumen de todo lo expuesto hasta el momento. Aunque el calendario judicial tenía previsto ‘cerrar la persiana’ este jueves, el tribunal ha decidido concluir esta primera fase de la vista oral con la recapitulación de Miquel para retomar las sesiones una vez finalice el periodo estival, el próximo 14 de septiembre.
Crítica al contenido y a la forma del sumario
El exCEO ha querido dejar constancia, antes del periodo estival, de todos aquellos temas o aspectos que ha considerado trascendentales durante las últimas cinco semanas que lleva declarando ante el Tribunal de Corts andorrano. Para ello, ha empezado haciendo una férrea crítica a la forma y al contenido del sumario, asegurando que la información recogida se encuentra desordenada, incompleta y expuesta de una forma poco lógica; entorpeciendo de este modo el trabajo de los letrados de la defensa a poder argumentar, con el contenido que consta en dicho sumario, el buen funcionamiento de la entidad.
Sin embargo, ha recalcado, aún así, considera que hay información más que suficiente, a pesar de ser muy caótica, para demostrar el buen gobierno y la buena gestión de BPA durante los años investigados (2008-2012) e incluso con anterioridad.
Repaso sobre las medidas de prevención de blanqueo
Y es que, de hecho, el discurso de Joan Pau Miquel no se ha centrado exclusivamente en los años que ocupan la presente causa. Más bien todo lo contrario. Como ha recordado también en su declaración-resumen del pasado miércoles, su voluntad ha sido la de exponer el funcionamiento y el modelo de gestión de la entidad durante los años investigados y con anterioridad. De ahí que no haya ahorrado esfuerzos en presentar y analizar tanto el modelo de gobierno corporativo, como de prevención de blanqueo de capitales que imperaba en el banco incluso antes de 2008.
El directivo ha vuelto a mencionar, en este sentido, los tres niveles que conformaban el modelo de prevención de blanqueo; el gestor, el departamento de cumplimiento y la auditoría interna, y ha insistido en el buen trabajo por parte de la institución para ajustarse a las políticas anti-blanqueo: tanto a las impuestas por la misma entidad como las sugeridas por el órgano regulador financiero andorrano, el INAF. También ha recordado las herramientas tecnológicas que disponían y los constantes ciclos formativos para sus trabajadores, haciendo especial hincapié en los que tenían que ver con prevención de blanqueo.
La peor parte se la ha llevado el INAF
Sobre el INAF, Joan Pau Miquel ha querido dejar constancia de la poca colaboración del regulador con la causa, asegurando que dicha institución mintió en su día y ha mentido ahora con la no entrega de las controvertidas actas que han mareado al tribunal desde la instrucción del caso. Cabe recordar, en este sentido, que ya a requerimiento de la jueza instructora, Canòlich Mingorance, el órgano regulador no facilitó las actas de las reuniones anuales entre BPA, el auditor externo (KPMG) y el propio INAF. Estas reuniones, de carácter anual y obligatorio, se realizaban para coordinar con la entidad financiera y los auditores externos la implantación y las posibles mejoras en los mecanismos para la prevención de blanqueo, así como, para revisar otros aspectos relevantes de la entidad sobre los que el regulador nacional tenía capacidad de control.
A la petición de la jueza instructora, el regulador contestó que dichas actas no existían porque no se hacían. Sin embargo, para sorpresa de todos, el exCEO de la entidad investigada, mostró una de estas actas durante su declaración.
Este documento, incluido en el sumario del caso, fue aportado por uno de los auditores externos. Ante esta revelación, las defensas exigieron durante la misma sesión que el tribunal requiriera con urgencia dichas actas al INAF. Enric Anglada, presidente del tribunal, le dio al organismo regulador un plazo de 18 horas para que las aportara. El INAF reaccionó y aportó parte de estas actas, justificándose en que no se les podía llamar actas porque estos documentos no fueron repartidos entre los participantes, firmados, y devueltos al INAF. Tras otro requerimiento el regulador siguió aportando documentación, pero hicieron falta dos avisos para que el INAF entregase todos los informes solicitados por el tribunal, que aún parecen estar incompletos.
Las operaciones de intercambio no eran contrarias a la normativa
En relación con las también controvertidas operaciones de intercambio, que se encuentran en la base de esta causa, Joan Pau Miquel ha asegurado que efectivamente se llevaban a cabo, pero que existía un registro que aseguraba su trazabilidad para identificar, de este modo, a los clientes y controlar todo el procedimiento para evitar riesgos. El exCEO ha evidenciado, una vez más, que dichas operaciones, en las que un cliente A facilitaba efectivo en España a un cliente B y este segundo cliente devolvía ese efectivo al primero en Andorra, no suponían un transporte físico del dinero, y por lo tanto no incumplían la normativa andorrana.
En este tipo de operaciones, el dinero en efectivo se quedaba en España y se compensaba mediante un pago entre cuentas andorranas. Por lo tanto, la operativa, según Miquel, no suponía un movimiento físico del dinero, ni tampoco era una operación de captación de fondos por parte de una entidad extranjera como estaba prohibido en España. Al parecer de Joan Pau Miquel este tipo de acciones eran algo común en el Principado, y tanto los intercambios como las compensaciones de dinero formaban y forman parte del actual tráfico mercantil de nuestra sociedad.
Con este repaso, el exCEO de BPA ha querido cerrar estas cinco semanas declarando ante el tribunal, haciendo un recordatorio aspectos clave de la imputación y de su defensa. Centrando su discurso, principalmente, en demostrar no solo el buen funcionamiento de la entidad, sino en el amparo y el visto bueno que tanto el auditor externo, como el INAF concedieron a la entidad durante los años investigados.
