Nuevo revés en el juicio que acoge el Tribunal de Corts andorrano contra los exdirectivos de la extinta Banca Privada Andorrana (BPA). El foco del conflicto siguen siendo, una semana más, las actas de las reuniones que el INAF, el órgano regulador financiero de Andorra, celebraba anualmente con BPA y KPMG, el auditor externo. Dicha documentación, que demostraría el buen funcionamiento del banco durante los años investigados, ya fue requerida por Canòlich Mingorance durante la instrucción y se dijo que no existía.
Sin embargo, cuando el exCEO de la entidad, Joan Pau Miquel, mostró una de estas actas en sede judicial, la sala entró en cólera y las defensas exigieron una respuesta inmediata para incluir toda aquella documentación en la macrocausa contra las presuntas estrategias de blanqueo realizadas por el banco entre 2008 y 2012. Fue entonces cuando el tribunal que preside el juicio oral dio un plazo de 18 horas al INAF para entregarlas. Desde el órgano regulador se justificaron diciendo que dichos documentos, a pesar de estar encabezados bajo este concepto, no podían considerarse “actas” porque no fueron repartidos entre los participantes, firmados, y devueltos al INAF.
Aún así, en esta segunda solicitud, tras la realizada durante la instrucción, no se entregó toda la documentación requerida y los magistrados tuvieron que instar un nuevo requerimiento al INAF. Esta semana se han cumplido los tres días que el tribunal otorgó al órgano regulador financiero para aportar aquellas actas que durante la anterior petición urgente de 18 horas no aportó. Sin embargo, el órgano regulador andorrano sigue sin dar su brazo a torcer. Aunque ha entregado parte de la documentación, el INAF ha omitido que a partir de 2011 las reuniones anuales eran dos y no una: una entre el regulador y los auditores externos y otra entre INAF y la entidad bancaria. Sin embargo, la documentación relativa a estas últimas no la ha aportado.
Cerca de 400 cartas ocultas por el INAF
Las actas no son el único as que el INAF se ha guardado en la manga. De las casi 400 cartas que aparecen en el registro de correspondencia entre 2011 y 2013 entre la entidad y el regulador, este último solo ha aportado 7 a la causa. Y, por si fuera poco, los documentos preparatorios de las reuniones anuales tampoco han aparecido.
Ante esta evidente falta de documentación, las defensas han solicitado de forma enérgica al juez que inicie una nueva solicitud de dichos documentos o que suspenda la vista. Sin embargo, tras un cuarto de hora de deliberación, finalmente el tribunal ha denegado la tercera petición de documentación al organismo regulador, argumentando que el INAF, en su última entrega, ya había comunicado que, salvo error u omisión involuntaria, la documentación que ahora aportaba era la totalidad.
Excusatio non petita, accusatio manifesta. Esto es precisamente lo que creen las defensas. Después de que el INAF obstaculizara hasta en tres ocasiones la entrega de documentación clave para demostrar el buen funcionamiento del banco, ya no confían en sus buenas intenciones. No obstante, el juez ha zanjado el asunto de las actas, argumentando que la documentación aportada es suficiente como para demostrar que, efectivamente, la comunicación entre el INAF y el BPA era fluida y que, además, en estos documentos no se evidencia ninguna discrepancia relevante que pruebe un mal funcionamiento del banco.
El ‘caso Emperador’ entra en el campo de juego
Por otro lado, y después de la problemática con las actas y la documentación que le ha sido requerida al INAF hasta en tres ocasiones; el fiscal general de Andorra, Alfons Alberca, ha recriminado a Joan Pau Miquel que, cuando estalló el 'caso Emperador' la entidad no actuó con la celeridad y la transparencia que debiera, advirtiendo al auditor externo y al organismos supervisor.
Cabe recordar que es precisamente por esta macrocausa, que se instruye en la Audiencia Nacional española, que hoy los exdirectivos y extrabajadores de BPA se sientan en el banquillo de los acusados en Andorra. Se les acusa, en este sentido, de haber facilitado presuntas operaciones de blanqueo para la mafia de Gao Ping, protagonista de esta trama.
Sin embargo, tras la recriminación de Alberca, el exCEO ha argumentado que la entidad facilitó toda la documentación que tenía en aquel momento y dio las explicaciones oportunas sobre el ‘caso Emperador’ al auditor y a la UIFAND. Básicamente, era la información sobre las diligencias previas que había facilitado uno de los empleados de forma voluntaria a la entidad financiera, al abrirse a este gestor un expediente disciplinario para esclarecer su participación en los hechos. El empleado aportó toda la documentación y la puso a disposición de la entidad bancaria. Ésta, a su vez, se la pasó al auditor externo.
Joan Pau Miquel ha realizado un exhaustivo repaso de todas las comunicaciones entre el regulador y la entidad bancaria que tuvieron lugar tras estallar el 'caso Emperador' el 15 de octubre de 2012.
Apoyado por la documentación que consta en el sumario, el exCEO ha puesto en evidencia que ya en los días 16 y 18 de octubre se comunicó a la UIFAND la situación del banco en referencia al 'caso Emperador' y que esta información fue debidamente actualizada a lo largo del tiempo. También ha mostrado un informe realizado por los auditores externos de la entidad donde se recogen las acusaciones que en aquel momento existían contra el empleado de la entidad demostrando así que se facilitó toda la información disponible a su auditor.
Un año para bloquear las cuentas de Pallardó
En aras de la fluida comunicación con el supervisor bancario, Joan Pau Miquel puso en evidencia la insistencia de la BPA (en al menos tres ocasiones) para que el supervisor bancario instara a la justicia andorrana a bloquear las cuentas de Pallardó, que en aquel momento disponía en andorra de casi 2 millones de euros. El acusado ha relatado que, de forma preventiva y al no producirse un bloqueo judicial de dichos fondos, fue la propia entidad la que congelo los activos del cliente impidiendo que este pudiera disponer de su dinero.
El exCEO ha demostrado con la documentación judicial que consta en la causa, que el bloqueo judicial no se produjo hasta un año más tarde del estallido del 'caso Emperador', una situación sorprendente ya que fue la propia justicia andorrana la primera en recibir toda la información relativa a los implicados en la causa mediante una Comisión Rogatoria Internacional (CRI) de la Audiencia Nacional española.
De hecho Miquel ha relatado que durante este periodo de inacción judicial y en pleno auge mediático del caso, otro banco andorrano, el MoraBanc, permitió a Pallardó vaciar sus cuentas y mandar dicho dinero a España.
