Seis años después de que estallara el “caso BPA” con la detención del entonces director general, Joan Pau Miquel, en marzo de 2015, el Tribunal de Corts andorrano ha dado luz verde al inicio del juicio más mediático de la historia reciente del país pirenaico. Después de varios intentos fallidos desde enero de 2018, este lunes la vista oral ha empezado con la declaración de los acusados. Tras la breve resolución de varias cuestiones previas que se han desestimado, el primero en sentarse ante el juez Enric Anglada ha sido, como cabía esperar, el exdirector general del banco.
Joan Pau Miquel, cargado con dos carpesanos llenos de folios y documentos, ha centrado buena parte de su declaración en defender los mecanismos internos de control y prevención de la actividad financiera del banco y, en concreto, contra el blanqueo de capitales, adoptados por la entidad desde principios de los 2000. Dichos instrumentos de vigilancia estaban integrados por una serie de procedimientos, estrictamente regulados y coordinados y tenían como objetivo principal velar por el cumplimiento de la ley y de las normas sugeridas por el INAF, el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas.
La estructura interna de prevención se dividía en 3 pilares
De este modo, BPA instauró férreos mecanismos de control divididos en 3 niveles de trabajo; además de manuales de prevención, formación especializada para los gestores y empleados y un control dual, junto con el departamento de Compliance del banco, de todas las cuentas y movimientos sospechosos del banco. Hoy, los gestores y empleados pertenecientes a estos niveles de trabajo dentro del modelo interno de prevención, los mismos que auditaban las operaciones financieras de la entidad, son los que se encuentran sentados en el banquillo de los acusados por un presunto delito mayor de blanqueo de capitales.
En esta misma línea, la primera parte de la declaración de Joan Pau Miquel ante el juez Anglada se ha centrado, casi de manera exclusiva, en contestar las preguntas del fiscal Alfons Alberca sobre la evolución de dichos mecanismos de control a lo largo de su trayectoria tanto como Director General, como Consejero Delegado de la entidad. Su objetivo ha sido el de trasladar a la sala que la entidad cumplía con el 100% de las recomendaciones de prevención sugeridas tanto por los auditores externos como internos: ampliándolas y mejorándolas en función del contexto y del paso de los años. Incluso, asumían de manera voluntaria aquellas recomendaciones de mejora que le hacían los auditores externos y que, como ha explicado, en ningún caso eran de carácter obligatorio.
Alberca pone en duda la efectividad de los auditores
Para más inri, ha añadido Joan Pau Miquel, a partir de 2011 la entidad decidió intensificar estos mecanismos de control interno con la adquisición de una nueva herramienta de control y prevención; que se instaló con la completa voluntad, asegura Joan Pau Miquel, de mejorar. Alberca, sin embargo, ha insistido en la vulnerabilidad de dichos procedimientos y ha puesto en duda la efectividad de los controles adoptados por BPA. El exCEO ha asegurado que el INAF se mostraba satisfecho y conforme con las medidas aplicadas por la entidad y siempre que propuso mejoras, el banco respondió con el cumplimiento de todos los comunicados.
Sobre la auditora externa que velaba por el buen hacer de la entidad, el fiscal ha puesto en tela de juicio la imparcialidad de KPMG, la empresa que prestaba estos servicios a BPA. Según Alberca, la auditora llegó a reconocer que las auditorías formales que realizaban a la entidad no se correspondían con aquellas que se hacían de manera efectiva. El fiscal ha incidido en este punto, remarcando que BPA se desentendía de cuestiones tan fundamentales como el cumplimiento de los estándares internacionales para dejarlos en manos de la auditora. Además, según la versión del fiscal, la propia KPMG reconoció a posteriori que los servicios que prestaba a BPA eran aparentes y diferían de aquellos registrados formalmente por la entidad.
La grave insinuación del fiscal ha acabado con la paciencia de Miquel. El exCEO ha explicado entonces que lo que KPMG quería decir en aquel documento, citado previamente por Alberca, era simplemente que ellos no revisaban todos los procedimientos de control realizados desde la entidad bancaria. “Lo que dice KMPG no tiene nada que ver con lo que ha dicho el Fiscal”, le ha explicado el acusado al juez.
El nombre de R. Pallardó aparece en la sala
Pronto ha aparecido el nombre de Rafael Pallardó, el hombre de los maletines de Gao Ping y una de las figuras claves para entender el caso. De hecho, esta causa contra BPA gira en torno a analizar si dicha entidad facilitó el blanqueo de capitales de la mafia china y, en especial, en averiguar si se sabía de dónde provenía el dinero del magnate. Algo que ni la Audiencia Nacional española ha podido determinar aunque, en todo caso, no parece que provengan de actividades criminales, sino del fraude fiscal. Pallardó, precisamente, fue puesto de ejemplo por Miquel a la hora de ejemplificar el buen funcionamiento de los sistemas de audición y prevención internos. El acusado ha explicado que una vez se detectó un movimiento extraño en las cuentas de Pallardó, rechazando dicha operación para su revisión. No fue hasta que se analizó debidamente, que el banco volvió a autorizarla.
Otro de los momentos de máxima tensión en este primer día de juicio ha estado marcado por la discrepancia entre el fiscal y el exCEO en lo referente a las retribuciones que este último ofrecía a sus altos directivos. Según Alberca, estas retribuciones se producían de manera arbitraria con la intención de ganarse la confianza del comité encargado de la prevención del delito de blanqueo a nivel interno. Según el fiscal, los empleados ni siquiera tenían conocimiento del motivo de dicha retribución. Sin embargo, Miquel ha explicado que esta práctica, lejos de ser arbitraria, era discrecional y que todos las gratificaciones fueron realizadas en función de sus atribuciones y con el beneplácito del INAF.
Según Miquel, en BPA se hacía mucho más de lo que pedían por ley
El exCEO ha querido recordar ante el juez que, en cualquier caso, a lo que la entidad tenía que ajustarse era a la normativa legal del Principado de Andorra y no a unas meras recomendaciones que, aunque se tomaban muy en serio, no estaban reflejadas en el marco legal.
Se espera que la sesión del martes continúe con la declaración de Joan Pau Miquel, que se espera que se alargue durante varios días consecutivos. Dada la complejidad de este caso, que no ha hecho más que empezar, se espera que el juicio dure, al menos, seis meses.
