El Tribunal de Corts de Andorra ha celebrado este lunes una nueva sesión del juicio contra los exgestores y exdirectivos de la Banca Privada de Andorra (BPA). Se trata de una sesión destacable pues, después de un año y medio, la última de las acusadas, Amaya de Santiago, ha iniciado su declaración ante el tribunal. Se trata de la que en su día fue gestora de Rafael Pallardó, el supuesto testaferro del empresario chino Gao Ping (principal acusado del ‘Caso Emperador’ que se ha instruido en la Audiencia Nacional española y que sirve de base para sustentar el juicio andorrano).
En este sentido, cabe recordar que según la acusación, representada por el Fiscal General del Principado, Alfons Alberca, los extrabajadores y directivos de la extinta BPA favorecieron el blanqueo de capitales de la organización liderada por Gao Ping. Sin embargo, de Santiago, como también lo hizo el último acusado en declarar, Sergi Fernández, ha centrado su primer discurso en demostrar que los procedimientos del banco jamás favorecieron el blanqueo de capitales. Enfatizando que durante los años que estuvo como gestora de Pallardó se activaron eficazmente todos los mecanismos para detectar presuntas irregularidades.
Una pizarra para explicar su cronología en el banco
Para explicar su recorrido laboral en BPA, ligado a la trayectoria de su cliente en la entidad, la acusada ha aportado una pizarra con la cronología de sus años trabajados en la Banca Privada de Andorra.
Su objetivo era dejar claro a los miembros del tribunal, liderado por el magistrado catalán Enric Anglada, que su trabajo siempre estuvo controlado y amparado por sus superiores, por la normativa del banco aplicable en cada momento y por la aprobación de los auditores externos de blanqueo, como explicó al inicio de este procedimiento, en junio de 2021, el exCEO de BPA, Joan Pau Miquel.
Las cuestionadas operaciones de compensación
La primera parte de su declaración, a preguntas del Ministerio Fiscal – es la única de las acusadas que, como hizo Joan Pau Miquel, ha accedido a responder al fiscal – se ha centrado en recordar sus declaraciones en periodo de instrucción. Durante este recordatorio se han mencionado las cuestionadas ‘operaciones de intercambio de efectivo’, el epicentro de las dudas de la acusación y el eje de la sesión de este lunes.
En estas operaciones se producía un reintegro y un ingreso en las cuentas de los clientes en Andorra, mientras que estos se facilitaban el efectivo correspondiente en España. Una operativa esta que realizaba BPA y otros bancos del Principado.
Como ejemplo de estas operaciones, se han mostrado los documentos justificativos de una operación de intercambio de efectivo entre Rafael Pallardó y Perfumerías Júlia, la conocida cadena de perfumerías propiedad de la familia del actual presidente del gobierno de Andorra, Xavier Espot Zamora. Esta operación, por un importe de 75.000 euros tuvo lugar en Barcelona en noviembre de 2010 y fue una de las muchas que se llevaron a cabo bajo el beneplácito de la entidad y el órgano regulador financiero de Andorra (INAF).
Nunca cobraron comisiones de ningún tipo
A continuación, durante la escucha de la última de las declaraciones de de la gestora bancaria en periodo de instrucción, se ha podido escuchar a la acusada como ya entonces, en 2016, respondía con contundencia a preguntas del fiscal en relación, de nuevo, con estas cuestionadas ‘operaciones de intercambio’: “nunca hemos cobrado comisiones por facilitar las operaciones de intercambio entre nuestros clientes. Estas transacciones ocupaban una parte muy residual de nuestro trabajo, por el cual NUNCA cobramos comisión alguna”.
En la misma línea ha remarcado que todo su trabajo era supervisado por distintos superiores, al igual que por el departamento de cumplimiento, liderada por otra de las acusadas, Isabel Sarmiento.
Los gestores no son ni la Interpol, ni la Policía
Seguidamente, la acusada ha explicado que las operaciones de varios de sus clientes, entre ellos Rafael Pallardó, estaban sujetas a “diligencias reforzadas para minimizar y controlar mejor el riesgo blanqueo”. Es decir, estaban sometidas a mayores controles de prevención para evitar, precisamente, eventuales irregularidades.
Tras el receso para comer, el fiscal ha continuada con su interrogatorio, haciendo especial hincapié en la formación en prevención de blanqueo que recibió de Santiago. En este sentido, tras recordar las horas de formación que recibió, el Ministerio Fiscal ha preguntado si ella podía conocer el origen del dinero susceptible de blanqueo a lo que la acusada ha espetado que “no son ni la Interpol, ni la Policía”.
En este punto, de Santiago ha querido matizar que conoce bien que existen unos delitos antecedentes que pueden generar blanqueo de capitales, pero ha insistido en que desde un banco solo se pueden detectar presuntas irregularidades en las operativas de sus clientes, pero nunca llegar a saber que presunto delito o delitos se esconden tras dichas irregularidades. “No puede ser responsabilidad de un gestor bancario, que está amparado por unos protocolos y sigue unos mecanismos de control, el hecho de que un delincuente tenga una cuenta bancaria, porque los malos saben más que muchos de nosotros y nos la pueden colar. Eso no significa que no intentáramos minimizar los riesgos con nuestra diligencia y nuestro trabajo”.
De todos modos, en el caso que nos ocupa, el ‘caso Emperador’ que sirve como base de este procedimiento en Andorra, el juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luís Calama, ya puso en duda la existencia de delitos antecedentes distintos del fraude fiscal (que no era delito en el Principado en aquella época) que diesen lugar al blanqueo de capitales en Andorra.
Lo que significa que si la autoridad judicial no ve claro el origen ilícito del capital que se ingresaba en los distintos bancos andorranos, el gestor bancario no podría identificarlos y no tendría por qué saberlo. “Se nos piden poderes paranormales para detectar unos presunto delitos que no tenemos por qué saber”.
Con todo, se prevé que la extrabajadora de BPA se alargue durante las próximas semanas. Cuando la acusada termine se suspenderá la vista hasta mediados de abril de 2023, cuando se iniciará con las testificales. Se prevé que el procedimiento se alargue, como mínimo, hasta finales del próximo año.
