Han pasado 90 días desde que el Tribunal de Corts de Andorra suspendió temporalmente el juicio contra los exdirectivos y extrabajadores de la extinta Banca Privada d’Andorra (BPA), después de que uno de los abogados – Josep Antón Silvestre – renunciara a la defensa de sus clientes, alegando motivos de salud y conciencia moral. Este lunes 9 de mayo, aún con muchos interrogantes, se ha reanudado la vista oral con el malestar de los dos letrados nuevos como protagonista.
Los nuevos alegan indefensión
Los recién llegados han asistido a la sesión con la esperanza de que el presidente del tribunal, el magistrado Enric Anglada, suspendiera de nuevo el juicio a la espera de que el Tribunal Constitucional andorrano se pronunciara acerca de un recurso de amparo presentado por los nuevos abogados.
En este recurso, desestimado en primera instancia por el Tribunal de Corts y en segunda por el Tribunal Superior de Justicia, se alega indefensión, al considerar insuficiente el tiempo otorgado – menos de 90 días – para preparar una defensa de tal magnitud. Un trabajo que incluye: la lectura de los 300 mil folios del sumarios y la visualización de las 57 sesiones de juicio previas a la renuncia de Silvestre. Según los cálculos de los letrados, este volumen de información por estudiar y analizar les obligaría, en el tiempo que han dispuesto, a leer 3.400 páginas diarias y a visionar más de 4 horas y media de las sesiones anteriores cada día de lunes a viernes.
Es por ello, por lo que ambos han pedido otros tres meses más para poder llegar a la vista con el mayor conocimiento del caso posible. Sin embargo, Anglada no ha aceptado las peticiones de los letrados y, a pesar de no tener respuesta del Constitucional, ha decidido seguir con el juicio.
Si el TC admite el recurso “daríamos marcha atrás”
De este modo, este martes 10 de mayo el letrado Marc Miró – uno de los implicados - iniciará el interrogatorio a su defendida, la Directora de cumplimiento, Isabel Sarmiento. Si finalmente, el TC estima el recurso presentado por Miró y por la otra letrada, Patricia Bragança, y se confirma una vulneración del derecho de defensa, Anglada se compromete a anular estas sesiones. Pero, según su criterio, la vista debía reanudarse porque el Constitucional ha tenido tiempo suficiente – una semana – para pronunciarse.
Así pues, siguiendo este razonamiento, el juez ha sentenciado que la petición de suspensión "no puede prosperar" porque “nosotras ya resolvimos la situación” y el Tribunal de Corts ya acordó, en primera instancia, que se podía retomar la vista sin necesidad de otorgar más tiempo a los dos abogados que se incorporan a la causa, procedentes del turno de oficio. “Si finalmente el TC admite con efecto suspensivo el recurso presentado, daríamos marcha atrás” ha añadido.
