La segunda sesión del juicio contra los exempleados del BPA se ha reanudado con la declaración de Joan Pau Miquel, exCEO de la entidad. Su discurso, que ha seguido la misma línea de lo explicado durante la jornada anterior, se ha centrado en analizar los informes complementarios que requería el INAF y que eran elaborados por los auditores externos. En el marco de este relato, en el que, nuevamente, ha insistido en la transparencia y efectividad de dichos procedimientos de prevención de riesgos, Miquel ha querido remarcar su voluntad de trabajar siempre bajo los criterios de control financieros regulados por los organismos competentes. Para ello ha puesto como ejemplo la adquisición de la licencia de Banco Madrid, en 2011.
Según Miquel, la voluntad de la entidad bancaria para ajustarse a dicha normativa legal se tradujo, precisamente, en la adquisición de la primera licencia que el Banco de España otorgaba a una entidad andorrana. BPA se convirtió, entonces, en el primer banco andorrano en operar en España, ajustando sus prácticas tanto a la ley andorrana como española. En este sentido, ha querido remarcar el exCEO, desde el momento de la concesión de la licencia, en el año 2011, BPA dejó de operar con clientes no residentes en el país pirenaico cuyos fondos procediesen del fraude fiscal y se empezó a llevar a cabo la regularización fiscal de los clientes españoles con cuentas en Andorra.
Alberca, en sus trece
Según el fiscal general, Alfons Alberca, la entidad no se ajustaba a lo recogido por los estándares internacionales. Joan Pau Miquel se ha defendido de esta acusación alegando que era muy difícil cumplir con dichas recomendaciones cuando los clientes que acudían a la banca andorrana, lo hacían precisamente para ingresar fondos procedentes del fraude fiscal en el país de origen y que, aquí, estaba permitido por la ley. La no adecuación a las recomendaciones internacionales no significaba, en cualquier caso, que el BPA no cumpliese con la legislación de Andorra, como exigía el INAF.
Uno de los momentos de mayor tensión se ha producido después de que Alberca solicitara la escucha de una conversación telefónica entre Joan Pau Miquel y Santiago de Roselló, exConsejero delegado adjunto del área de control. Según el fiscal, Miquel y de Roselló habrían organizado una cena para conducir las auditorías a su conveniencia en la adquisición de Banco Madrid. “Hacemos trampa jugando al solitario”, ha dicho Alberca sugiriendo que la cúpula del BPA trampeaba los procesos de control de blanqueo. “Si lo que está diciendo es que hemos engañado al Banco de España para adquirir Banco Madrid, la respuesta es: no. Ni al Banco de España ni a nadie.”, le ha respondido Miquel, mostrando los documentos que así lo avalaban. Según el exCEO, la transparencia con los reguladores siempre fue total y así lo corroboraron ellos mismos en sus informes y auditorías. “No entiendo la controversia”, le ha espetado el acusado al fiscal.
Petrov provoca tensión
Otro de los puntos de confrontación ha sido una conversación registrada entre de Roselló y un responsable de KPMG, la entidad externa que prestaba servicios de auditoría a BPA. Según el fiscal, el delegado de la empresa auditora conocía que entre de Roselló y Andrei Petrov, cliente de BPA detenido por blanqueo y colaborador de la mafia rusa, existía una relación personal. De hecho, de Roselló, miembro de la cúpula del BPA, se lo confesó al auditor durante una llamada telefónica.
“¿Era esto lo idóneo? ¿Eran reales las auditorías?", ha reiterado Alberca, cuestionando la imparcialidad de Roselló como responsable de control y prevención de blanqueo. Joan Pau Miquel ha explicado, entonces, que la fluida relación entre de Roselló y el encargado de KPMG, al que le consultó varias cuestiones relativas a las cuentas de Petrov, no comportaba ningún riesgo para la entidad dado que no era esta persona la que realizaba las auditorías a la BPA.
Asimismo, y a pesar de que les interesaba continuar con esta compañía auditora en el proceso comercial de la adquisición de Banco Madrid, su compromiso con la transparencia les llevó a marcar un cambio de empresa auditora externa cada cinco años, y así lo hicieron.
