La representante del Ministerio Fiscal en el ‘caso Macedonia’ ha sido clara: no piensa rebajar ni una coma de su escrito de acusación. A pesar de la escasez de indicios incriminatorios que se han podido demostrar ante el tribunal, en especial por la cuestionada instrucción del juez Joaquín Aguirre; la sospechosa gestión de las escuchas por parte de la División de Asuntos Internos; y, la imposibilidad de demostrar que el subinspector José Ranea recibía ‘mordidas’ a cambia de favores; la fiscal Ana Gil se ha mantenido firme en su informe final.
En la sesión de este lunes, que ha dado pie al inicio de la lectura de los informes finales, Gil ha mantenido cada una de las acusaciones que ya formuló al inicio de este procedimiento oral y ha cargado con especial contundencia contra el subinspector José Ranea, el único agente de los Mossos d’Esquadra que ha sido imputado, y Manuel Gutiérrez Carbajo, el presunto líder de la red de narcos afincada en Castelldefels.
Prácticas sospechosas e interesadas
A pesar de que testimonios como los del Major Trapero o el Inspector Toni Salleras rompieron con la credibilidad de la instrucción, demostrando prácticas sospechosas e interesadas por parte del juez instructor, la fiscal insiste en su teoría inicial: el subinspector Ranea, segundo en la comisaria de Vilanova i la Geltrú colaboró facilitando información confidencial a esta presunta organización criminal, a cambio de ‘mordidas’.
Lo que se ha visto obligada a modificar ha sido la periodicidad en la que Ranea, presuntamente, recibía este sueldo criminal. Ante la incapacidad de los peritos económicos de demostrar que las cuentas del subinspector presentaban algún tipo de irregularidad que pudiese suscitar la creencia de un “sobresueldo” a cargo de Carbajo y compañía, la fiscal ha matizado que lo habría recibido puntualmente. Sin embargo, ya quedó plasmado en sede judicial que tanto el perito de la Agencia Tributaria, como el contratado por el sr. Ranea, no vieron indicios de criminalidad alguna en sus cuentas corrientes. Siendo todos sus movimientos e ingresos compatibles con su actividad laboral y patrimonial.
La fiscal insiste en el apodo de ‘el cordobés’
Por otro lado, la representante del Ministerio Público ha dado varios rodeos en los presuntos motes por los que se conocía a cada uno de los acusados, en especial al subinspector implicado. Ana Gil mantiene que Ranea era conocido como “el cordobés”. Sin embargo, la defensa del agente, ejercida por el letrado José María Fuster-Fabra, ya se ha encargado de repetir, en reiteradas ocasiones dada la insistencia de la fiscal durante todo el juicio, que en la causa obra un informe de la Guardia Civil en el que se demostraría que este apodo hace referencia a un agente de La Benemérita y no, a su cliente.
En términos generales, la fiscal cree que a raíz de una investigación de la Guardia Civil se destapó esta presunta trama de narcotraficantes en la que colaboraba este subinspector. La defensa del agente, por su parte, ha insistido durante todo el procedimiento que la relación que existía entre su cliente y los presuntos narcos era meramente profesional, ya que eran sus confidentes. De hecho, varios testigos han confirmado este extremo y, es más, han llegado a afirmar que el subinspector José Ranea ha ayudado en investigaciones ajenas a su demarcación gracias al vínculo que, precisamente, mantenía con los ahora acusado de narcotráfico.
Las escuchas selectivas de la DAI
Aunque la fiscal da firmeza al relato expuesto por los testigos que habían trabajado anteriormente en la DAI de los Mossos, cabe recordar que en sede judicial se demostró que habrían desechado más de 200 conversaciones telefónicas “por que no se ajustaban a su línea de investigación”. Sin embargo, las defensas apuntan otro punto de vista: no las incorporaron porque precisamente contradecían su hipótesis y la del juez, la cual parece que han querido demostrar si o si.
En este sentido, como se apuntaba con anterioridad, las defensas no son las únicas que han lamentado la instrucción. Trapero y Salleras no dejaron en muy buen lugar al juez Joaquín Aguirre que, de hecho, llegó a imputar al segundo y lo intentó, sin éxito con el Major. Concretamente, el Inspector Toni Salleras, exjefe de la División Adjunta, más tarde conocida como Anticorrupción, expresó en la sala su estupefacción con los procedimientos que se llevaron a cabo tanto en la investigación judicial como en la policial, llegando a unas conclusiones que, según él, poco o nada tienen que ver con la realidad de los hechos.
11 años de prisión con pruebas vagas y poco clarificadoras
Como lleva semanas informando eltaquigrafo.com, el ‘caso Macedonia’ se inició con una presunta trama de corrupción en la Guardia Civil, que quedó archivada por falta de pruebas. Una investigación instruida por el juez de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que fue dando palos de ciego hasta llegar a unas conclusiones, según las defensas, manipuladas e interesadas. Y es que, contra todo pronóstico, el juez terminó imputando a los mossos que iniciaron la investigación contra la Benemérita y a los presuntos narcos que ésta había interceptado.
El caso dio v arios giras. Aguirre apartó a los Mossos y pidió que fuese el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil quien prosiguiera con las diligencias. Un informe de esta unidad determinó la posible vinculación, sin determinar el motivo ni origen de la misma, de los narcos investigados con un subinspector en Vilanova. Era José Ranea. A partir de entonces entró la DAI y se quedó con el caso.
La fiscal defiende las intervenciones y las detenciones
A pesar de que las motivaciones que justificaron la intervención del teléfono de Ranea y otros acusados, así como, las posteriores vigilancias y detenciones, han sido vagamente descritas por los testigos y muy cuestionadas por las defensas, la fiscal defiende el proceder de estas diligencias. Las encuentra justificadas y adecuadas, además de bien motivadas. A diferencia del grueso de defensas y de lo que ya comentaron tanto Trapero como Salleras, Ana Gil entiende que los investigadores se ajustaron a la línea de trabajo.
Por otro lado, ha reconocido que las detenciones no se ejecutaron bajo los protocolos establecidos, pero que, en ningún caso, eso altera en nada el origen y desenlace de la causa. Este martes se espera que sean las defensas quienes digan su última palabra antes de que este controvertido juicio con tantos claroscuros quede visto para sentencia.
