Julian Assange, fundador del portal periodístico y de denuncia, Wikileaks, no será extraditado a los Estados Unidos, donde se enfrentaría a penas de hasta 175 años de cárcel, por decisión de la jueza británica del Tribunal Penal Central de Londres, Lady Vanessa Baraitser.
Como ha confirmado hace escasos minutos el periódico inglés The Guardian, Assange seguirá arrestado en el Reino Unido y ahora el Gobierno estadounidense dispone de 14 días para recurrir el fallo. Por su lado, la defensa de Assange, liderada por el jurista y exmagistrado español, Baltasar Garzón, ha solicitado su libertad provisional bajo fianza, pero la jueza ha ordenado que, por el momento, siga bajo custodia.
Acusado de espionaje
Al ciudadano australiano se le acusa de espionaje al haber difundido documentos confidenciales del gobierno estadounidense en lo que se considera la mayor filtración de la historia: 400.000 informes de la guerra de Irak, 9.000 de Afganistán, 800 de la polémica prisión de Guantánamo y un largo etcétera de archivos de información delicada y perjudicial para la imagen de los Estados Unidos.
Concretamente, le acusan de haber violado la polémica Ley de Espionaje de 1917 por filtrar y publicar secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de su portal Wikileaks. En concreto, está acusado de 17 cargos relacionados con dicha ley y uno por fraude y abuso informático. En este sentido, Washington le considera coautor de varios delitos contra la Seguridad Nacional, en colaboración con la exsoldado Chelsea Manning, quien le facilitó toda la documentación. Manning, sin embargo, fue condenado a 35 años en prisión y puesto en libertad, en 2017, por decisión directa del expresidente Barack Obama.
La polémica Ley de espionaje de 1917
Muchos académicos consideran que la ley, que nunca se ha utilizado para enjuiciar a un periodista hasta ahora, plantea problemas constitucionales preocupantes porque infringe los derechos de la Primera Enmienda a recibir y publicar información. Además, según profundizaba el diario Público, "hay muchos otros motivos jurídicos para desestimar, por ilegal, la demanda de extradición de EEUU, empezando porque 17 de los 18 cargos contra Assange se basan en la Ley de Espionaje de 1917, promulgada específicamente para la persecución política de disidentes y activistas antiguerra, estando prohibida la extradición por delitos políticos en el artículo 4 del Tratado de Extradición entre el Reino Unido y EEUU y en el Convenio Europeo de Extradición de 1957, en su artículo 3".
Sin embargo, no es la primera vez que el Gobierno estadounidense la intenta utilizar contra informaciones incómodas y uno de los ejemplos más ilustres fue el de los llamados papeles del Pentágono, publicados en 1971 por The New York Times en primer lugar y después por The Washington Post.
Primero exiliado, luego arrestado
Tras siete años, desde 2012, viviendo en una pequeña habitación con su gato en la embajada ecuatoriana, que aprobó su solicitud de asilo como preso político, Assange fue detenido en abril 2019. Mas que detenido fue arrancado de sus aposentos dando lugar a una imagen que dio la vuelta al mundo. Pero los problemas judiciales del hacker, sin embargo, habían empezado bastante antes.
En 2010, la Fiscalía de Suecia ordenó la detención de Assange, acusado de violación y abuso sexual, y Suecia emitió una orden europea de detención. El Reino Unido aceptó extraditarle y Assange entonces pidió asilo en la embajada de Ecuador. El hacker y periodista dijo que este proceso era una excusa para su extradición a EEUU, donde podría ser juzgado por la filtración masiva de documentos secretos en 2010 a través de Wikileaks.
Finalmente, Suecia archivó el caso en noviembre de 2019, meses después de haber sido sacado a la fuerza de la embajada que le había acogido durante los últimos años. Desde abril de 2019 lleva recluido en el penal de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres.
"Su extradición vulnera la libertad de expresión"
En una entrevista con el diario Proceso, los abogados Baltasar Garzón y Aitor Martínez, coordinadores de la defensa del fundador de Wikileaks, aseguraron que si finalmente se llevaba a cabo la extradición de Assange "se habría producido un daño irreparable a la libertad de prensa del mundo y, sobre todo, al derecho de acceso a la información de los ciudadanos", provocando un escenario dominado por el miedo ya que "los periodistas del mundo no se atreverían a publicar información que pudiera afectar a los intereses de los gobiernos norteamericanos, generándose un apagón informativo y por ende perdiéndose el control ciudadano".
