La vida de Sergi se desmoronó el 30 de octubre de 2018 cuando un grupo de compañeros de clase se lo llevó a una zona apartada del recreo y le realizó varios tocamientos, obligándolo a hacer felaciones a sus compañeros. Cuatro de ellos, los ahora acusados, participaron activamente en los hechos. El resto miraba, vigilaba, se reía y grababa el siniestro espectáculo. Sergi tan solo tenía 13 años, sus agresores eran algo mayores. Sin embargo, llevaba meses sufriendo bullying dentro y fuera de las aulas del colegio Verge del Roser de Vallirana (Barcelona). Este adolescente, diagnosticado con Asperger, se había convertido en el foco de las burlas del resto de los alumnos de su clase.
Ese día, explica la madre de Sergi, Pilar, un alumno más mayor vio que algo sospechoso había pasado en la hora del recreo entre Sergi y varios compañeros del instituto y alertó al director del centro. Según la madre el director “esperó a que sonase el timbre del patio” para actuar y llevaron a Sergi al baño con su tutora. Pilar aseguraba para Metrópoli Abierta que, tanto la profesora como otros docentes “le pidieron constantemente que no dijera nada” porque “podrían tener muchos problemas”.
Los hechos se agravaron días después
Sin embargo, a pesar de ser conscientes de lo sucedido, el colegio no estableció ningún protocolo antiabusos, ni siquiera ninguna medida de vigilancia para evitar que los hechos sucedieran de nuevo. De este modo, días después del primer episodios, el 5 y 6 de noviembre los hechos se repitieron de forma mucho más salvaje.
Esos dos días, a la misma hora del recreo, los mismos chicos –la mayoría de ellos niños y una niña– obligaron al adolescente a realizar felaciones y hubo penetración de miembros corporales u objetos. Es por ello por lo que la acusación particular, ejercida por los padres de Sergi, pide cuatro años de internamiento en régimen cerrado para los cuatro autores materiales de los hechos por un presunto delito de integridad moral, dos presuntos delitos de agresión sexual con acceso carnal y un presunto delito de violación. Mientras, la Fiscalía de Menores pide tres años de internamiento por un presunto delito de integridad moral y dos de agresión sexual.
Aunque estos hechos suponen, según el Código Penal, una pena de prisión de entre 6 y 12 años, al tratarse de menores, la pena máxima es de 4 años de internamiento, tal y como ha pedido la familia.
Cuatro años después, arranca el esperado juicio
De este modo, cuatro años después de los hechos, los cuatro presuntos responsables se sientan a partir de este lunes en el banquillo de los acusados, a puerta cerrada, pero ante el Juzgado de Menores 6 de Barcelona. Un fecha muy esperada para la familia de Sergi que buscan hacer justicia para su hijo, quien se encuentra en un estado de estrés postraumático desde que sucedieron los hechos, arrastrando hasta cuatro intentos de suicidio.
“Está muy nervioso” ha asegurado Pilar antes de entrar en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Aunque Sergi no tendrá que declarar, y su declaración en fase de instrucción será válida como prueba durante la vista, el adolescente tiene miedo de que no le crean. “Al padecer Asperger tiene déficit de comunicación y dificultad para relacionarse con las personas. Su declaración con los psicólogos está grabada para emitirla durante el juicio", ha asegurado a las puertas de los Juzgados el abogado de la familia, Juan Manuel Ruiz.
Sergi no miente
Asimismo, Ruiz ha manifestado que se han realizado varias pruebas periciales para ver si la víctima “tiene capacidad de mentir o no, aunque todos los informes son concluyentes y aseguran que él hace un relato frío, totalmente creíble y desprovisto de rabia hacia los agresores”. Al estar diagnosticado con síndrome de Asperger “no miente” y “su relato es muy claro y sin ninguna incongruencia”, ha aseverado el letrado, que a la vez espera que las pruebas periciales sean lo suficiente contundentes para demostrarlo.
Responsabilidad civil subsidiaria
El letrado también ha comentado que la familia está “muy disgustada” porque, aunque los hechos sucedieron en el patio de la escuela, no se siguieron los protocolos antibullying y se intentaron ocultar todos los hechos.
“Antes de que los padres supieran nada, hubo una reunión con varios profesores, miembros del claustro y dirección, y le dijeron al niño que no dijera nada, que era mucho mejor”, ha lamentado Ruiz, por lo que han intentado hacer responsables penales a la escuela, pero la Fiscalía de Menores no lo ha aceptado, aunque sí que la escuela aparece como responsable civil.
Por ello, por lo que la familia le reclama al colegio una indemnización de 85.000 euros como presunto responsable civil subsidiario, al considerar que no se aplicaron los protocolos contra el bullying y el abuso escolar.
Con todo, el juicio espera quedar listo el jueves de esta semana y ya quedará visto para sentencia.
