Con fecha 10 de enero de 2022, la sección 05 de la Sala del Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional aceptaba a trámite la demanda interpuesta por Higini y Ramón Cierco, propietarios de la extinta Banda Privada d’Andorra (BPA). En ella, los hermanos Cierco reclaman al Estado español una indemnización de 141 millones de euros por provocar la liquidación, en 2015, de Banco Madrid, también de su propiedad, por supuestas irregularidades de blanqueo de capitales, ahora desmentidas por los tribunales.
La intervención de la filial española se produjo poco después de que el Gobierno del Principado interviniese BPA en marzo de 2015, también, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Según se derivó de una carta del tesoro norteamericano, el FinCEN, la entidad, propiedad de los hermanos Cierco, habría favorecido a blanquear cerca de 70 millones procedentes de la mafia china de Gao Ping, investigada por la Audiencia Nacional española bajo el sobrenombre de “caso Emperador”.
Victimas de “la operación Catalunya”
Ahora Higini y Ramón Cierco, tras resolverse en los tribunales la trama que implicaba a Banco Madrid, con la absolución de todo los cargos que se le imputaban, han presentado una demanda en la que denuncian que su filial en España se vio salpicada por la llamada “Operación Catalunya”, que buscaba manchar la imagen y reputación de los principales líderes independentistas. Matizan que fueron víctimas de un “entramado policial” que ejerció presiones para obtener información de las cuentas corrientes de los líderes soberanistas, en concreto, de la familia Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.
En la misma línea, exponen que la intervención por parte del Estado español formaba parte de esa estrategia, formulada por policías y fiscales de la “guardia patriótica”. Prueba de ello, añaden, es que ninguna investigación judicial, ni administrativa ha podido acreditar estas irregularidades en los últimos 6 años.
Mientras tanto en Andorra
Paralelamente, en Andorra se juzga desde el pasado mes de junio a los 24 exdirectivos y extrabajadores de BPA. Desde el inicio de la vista oral, tras una larga instrucción, el quid de la cuestión se ha centrado en defender los protocolos de control y de trazabilidad de blanqueo, así como los informes de los auditores externos que, en ningún caso durante los años investigados, detectaron ninguna anomalía en el proceder de la entidad. El foco se centra en las conocidas “operaciones de compensación”, una práctica de intercambio de efectivo que llevaba a cabo el banco, como las otras entidades andorranas, y que, según el fiscal, fueron el canal desde el que se blanquearon los millones de Gao Ping, todavía por juzgar en la Audiencia Nacional.
Precisamente este miércoles, tras casi una década de instrucción, se conoció el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción por la trama liderada por Gao Ping. El fiscal solicita 47 años de cárcel para el empresario chino, Gao Ping, principal investigado en el llamado “Caso Emperador”, acusado de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y organización criminal entre otros.
