El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido archivar la supuesta ‘trama rusa’ del caso del procés, tras recibir un informe de la Fiscalía en el que se aseguraba que la instrucción no ha aportado indicios mínimos de delito alguno. Dicha investigación, instruida y cerrada en secreto, apuntaba a la supuesta presencia de espías rusos en Catalunya poco antes del referéndum del 1-O.
Con todo, esta investigación llegaba a la conclusión de que el supuesto paso por Barcelona de un general de la inteligencia militar rusa era solo una pata de una investigación más amplia impulsada por la Policía Nacional y que pretendía indagar en presuntos vínculos de Rusia con activistas del procés. Sin embargo, para el teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, no solo no hay indicios de criminalidad, sino que las prácticas adoptadas por ciertos policías judiciales para llegar a estas conclusiones están prohibidas en este tipo de procedimientos.
Llega nueve meses archivado
Según informó eldiario.es, el sumario 86\/19 lo abrió el Juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en noviembre de 2019 y se archivó en julio de 2020, hace más de nueve meses, sin que haya trascendido hasta ahora. Su origen es un informe de la Comisaría General de Información de la Policía, fechado el 28 de octubre de 2019, alertando de la supuesta injerencia rusa en el 1-O y solicitando la apertura de diligencias.
Duros reproches del teniente fiscal
En un duro escrito del teniente fiscal, se reprocha a los agentes que en este tiempo solo hayan aportado el testimonio de un informante y enlaces a informaciones de medios de comunicación. Carballo se opone a las diligencias solicitadas por la Policía Nacional y solicita el archivo de la causa. "Nada se aporta por la vía policial que permita mantener abierta esta investigación, a menos que pretendamos una causa general en busca de algún indicio que nos permita confirmar la tesis de partida, olvidando que, en el proceso penal, con todas las garantías, este tipo de investigaciones están prohibidas", dice el informe de Carballo.
Un testigo como único argumento de la investigación
En noviembre de 2019, El País reveló la apertura de una investigación secreta por la presencia en Catalunya el 29 de septiembre de 2017 de Sergei Fedotov, que parece el nombre en clave de Denís Serguéiev, general del servicio exterior de la inteligencia militar rusa (GRU). Nada trascendió entonces sobre que las pesquisas apuntaban a ciudadanos de nacionalidad española que actuarían en connivencia con los rusos.
Con todo, la clave en la apertura de esta investigación policial está en un testimonio del confidente policial que parece trasladar, primero a los agentes, y luego al juzgado, la información ya publicada por el portal ruso Bellingcat, así como otra desconocida y, sobre todo, la supuesta conexión de todo esto con el independentismo catalán.
El confidente ofreció una serie de nombres de conocidos activistas del procés, entre los que destaca el empresario Oriol Soler, imputado desde finales del 2019 en una causa en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona en la que trabaja la Guardia Civil. Al empresario, cercano a ERC, se le atribuyen diferentes delitos de corrupción y tráfico de influencias supuestamente vinculados a la financiación del procés soberanista y, concretamente, de Tsunami Democrático. Pero los hechos a los que se refería el confidente de la policía son otros.
Se le acusaba de contactar con los rusos
Los delitos por los que se le acusa se remontan a momentos previos y también posteriores al referéndum del 2017 y son, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, actuaciones sin aspecto de ilegalidad que además han sido ampliamente recogidas por los medios de comunicación. Una de las informaciones que aportó la policía en la Audiencia Nacional en el caso de las supuestas injerencias rusas es la visita que Soler hizo a Julian Assange el 9 de noviembre del 2017, en su entonces refugio de la Embajada de Ecuador en Londres. Aquel viaje se enmarcó en una gira de Soler por diversos lugares del mundo en relación con el procés, incluido Rusia.
La Guardia Civil también vincula Soler con "una estrategia de desinformación y desestabilización" en el que participaría el Kremlin. En la investigación de la Audiencia Nacional, la Comisaría General de Información de la Policía presentó el pasado verano el informe que critica la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En él, los agentes solicitaban autorización judicial para acceder al tráfico de llamadas de varios individuos, así como el archivo de titularidades financieras de cuatro personas físicas y jurídicas.
El ministerio público se opuso y pidió el archivo, acordado después por el juzgado, de acuerdo con los argumentos de la Fiscalía.
