En un auto dictado el pasado 23 de octubre, al que ha tenido acceso eltaquigrafo.com, el titular del juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, el magistrado Ismael Moreno, ha acordado el archivo de la causa contra tres empleados del banco chino Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) que fueron relacionados por los investigadores con las operaciones de blanqueo de capitales “Emperador”, “Snake” y “Juguetes”.
En dicho auto de sobreseimiento relacionado con la investigación por blanqueo contra el banco chino ICBC en España el magistrado define el modus operandi de las organizaciones mafiosas chinas y las califica de fraude fiscal.
Andorra y el caso Emperador
Este auto puede tener una importancia capital para el devenir de las actuaciones que se siguen en Andorra contra los exdirectivos y empleados de la antigua Banca Privada de Andorra. El banco fue denunciado por blanqueo en marzo del año 2015 por el departamento del tesoro de los Estados Unidos encargado de la lucha contra lavado de dinero, el FINCEN, que centró sus acusaciones precisamente en la operación Emperador dirigida por el empresario chino afincado en España, Gao Ping.
El banco se ha defendido siempre de esta acusación de blanqueo, argumentando, no sólo que nunca tuvo relación con Gao Ping, sinó también, que las transferencias que se mandaron desde Andorra a China correspondían al pago de la mercancía que entraba en España y que se distribuía en las miles de tiendas de todo a cien de los comerciantes chinos.
En este sentido, y como recoge el auto de la Audiencia Nacional, los empresarios chinos introducían en España la mercancía por debajo de su coste real y por lo tanto generaban un importante fraude fiscal.
El delito fiscal no existía en Andorra
Y es precisamente en este punto donde la acusación contra BPA puede hundirse. En los años en los que el banco andorrano tenía relación con el empresario barcelonés Rafael Pallardó, hombre de Gao Ping, el delito fiscal no estaba incluido en el código penal andorrano, y por lo tanto, que los empresarios chinos utilizaran la banca andorrana para pagar sus facturas no puede ser considerado un delito de blanqueo en Andorra como así lo argumenta la fiscalía del Principado.
El modus operandi de los comercios chinos en España
En el propio auto de sobreseimiento, el magistrado establece, que los delitos que originaron el blanqueo de capitales en España, y que se valoran en unos 90 millones de euros, fueron conductas de contrabando por declaraciones falsas de infravalor en las aduanas, fraude en las declaraciones de IVA en la importación, fraude en las declaraciones de IVA interior, falsificaciones en documentos mercantiles para poder justificar estas operaciones y otros delitos contra la propiedad industrial.
El modus operandi de estos distribuidores de productos era el de introducir en España contenedores de mercancía a precios muy inferiores a su valor, en muchas ocasiones los productos se introducían en el mercado a precios tan bajos que generaban pérdidas. De este modo se generaba una cadena de ventas opacas sucesivas de esos productos que tenía como resultado la acumulación de ingentes cantidades de dinero en efectivo en las tiendas que no se podía justificar.
El papel de los Bancos
Si bien es cierto que el auto dictado por la Audiencia Nacional ordena el archivo de la causa a tres empleados del banco ICBC, tanto esta entidad como otras en España siguen imputadas en el procedimiento abierto por blanqueo contra el banco chino.
El magistrado recuerda que tanto el banco ICBC como aquellos bancos que operaron como corresponsales o agentes suyos no llevaron a cabo las medidas preceptivas de control y comunicación de operaciones sospechosas ante los organismos supervisores.
En concreto, el juez Ismael Moreno, pone de manifiesto que el ICB recibía “mochilas, bolsas y cajas de remesas de efectivo que abonaban en sus cuentas”. Todo ese dinero en metálico era transferido a China de inmediato.
Otro de los aspectos que se destacan en el auto, al que ha tenido acceso este medio, es que el banco chino troceaba los ingresos en distintas cuentas, siempre por debajo de los 50.000 euros, para evitar así declarar dichos importes a los supervisores y no crear alarma en las operaciones de transferencias internacionales de divisas.
