Este jueves, por primera vez, un presidente de la Generalitat en activo ha comparecido ante el Tribunal Supremo (TS) para resolver, en este caso, el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que condenaba a Quim Torra a un año y medio de inhabilitación por desobediencia. El TSJC entiende por desobediencia la negativa de Torra a las exigencias de la Junta Electoral Central (JEC) a descolgar del Palacio de la Generalitat la pancarta en defensa de los políticos independentistas en prisión, durante la campaña de las elecciones europeas y locales de mayo de 2019.
Durante la vista ante cinco magistrados de la Sala de lo Penal del TS, el abogado de Torra, Gonzalo Boye, ha defendido sus argumentos durante unos veinte minutos, haciendo hincapié en que la Junta Electoral Central no era la autoridad competente para emitir órdenes contra el president de la Generalitat. Y, en la misma línea, Boye entiende que a Torra se le llevó a juicio y condenó por su condición de catalán y por ello se refirió a una supuesta «minoría nacional» como única explicación de lo que en su opinión es un trato desigual entre el caso de Sánchez, al que la JEC sancionó por conceder una entrevista desde Moncloa en periodo electoral, y el de Torra, que admitió la desobediencia ante el TSJC por ejercer sus derechos políticos y de expresión.
Y, aunque el letrado ha insistido en la vulnerabilidad del derecho a la libertad de expresión del president, la representante del Ministerio Fiscal ha insistido en que Torra no fue condenado por un delito relacionado con la libertad de expresión, sino por negarse a descolgar la pancarta «partidista» de la fachada del Palau de la Generalitat, incumpliendo así con las órdenes que le dio la JEC.
«Formaba parte de un acto político»
Boye, por otro lado, ha reconocido —como ya lo hizo Torra ante el TSJC— que su cliente desobedeció a la JEC, pero ha intentado convencer al Tribunal de que esta actitud formaba parte de un acto político, ya que el lema de la problemática pancarta («Libertad presos políticos y exiliados») era una frase literal del discurso de investidura de Torra.
Por eso, cree que no se dan los requisitos (ni era la autoridad competente ni se respetaron, según el letrado, los derechos de libertad de expresión y de garantías por ser aforado) para condenarle por un delito de desobediencia. Y, sobre todo, porque, según Boye, el TSJC llega a una «conclusión aberrante» al decir que la JEC era un órgano superior al propio presidente de la Generalitat. «Ya partimos mal. No estamos analizando las cosas desde una perspectiva imparcial. La JEC no era autoridad competente, no era autoridad superior», ha espetado.
Sus argumentos han sido rebatidos por la fiscal, Pilar Fernández Valcárcel, y por la letrada de Vox, Marta Castro. La representante del Ministerio Fiscal ha solicitado que se confirme la sentencia del TSJC y ha recordado a Boye que la pancarta y los lazos amarillos que se coloraron en los balcones de la Generalitat no fueron una actividad política «sino una actividad administrativa», porque «se hace en un proceso electoral en el ámbito de toda la comunidad autónoma».
Torra no convocará elecciones
La confirmación de la sentencia supondrá ejecutar la inhabilitación de Torra como presidente de la Generalitat, un trámite que corresponderá al tribunal enjuiciador, esto es, al TSJC, en caso de la desestimación del recurso ante el Supremo. Esta decisión se conocerá en unos días y, por el momento, Quim Torra no convocará elecciones antes de su posible inhabilitación definitiva. Así lo ha anunciado tras la vista, en la sede de la Generalitat en Madrid.
«No me desviaré ni un milímetro de mi deber como president, que es servir a la ciudadanía y que hoy exige luchar las 24 horas contra la pandemia hasta hacerse efectiva la inhabilitación. Si ésta es la decisión completamente desproporcionada del Supremo, no dejaré de hacerlo», ha asegurado en una declaración sin preguntas.
