La Fiscalía de Ceuta ha llamado a declarar a la delegada del gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos Estudillo, como investigada por un posible delito de prevaricación administrativa, por la gestión de las devoluciones en caliente de menores de edad realizada el pasado mes de agosto cuando Marruecos levantó el control fronterizo con España y cientos de niños y adolescentes llegaron a la playa del Tarajal.
Investigados los máximos responsables
La declaración tendrá lugar el próximo trece de diciembre. Antes que ella, el diez de este mes, declararán también por los mismos hechos y por el mismo presunto delito el secretario general de la delegación del gobierno en Ceuta y la consejera de la Presidencia del gobierno ceutí, tal y como ha adelantado el diario Ceuta al Día.
Este proceso judicial se inicia a raíz de la denuncia presentada por la asociación pro derechos humanos L’Escola AC el pasado 27 de agosto ante la Fiscalía de Menores de Granada, que a su vez trasladó el caso a la fiscalía provincial y ésta, por último, la remitió a la fiscalía de Ceuta desde donde se ha decidido iniciar las pesquisas para establecer si ha habido conducta delictiva por parte de las autoridades responsables de la devolución en caliente de 55 jóvenes a Marruecos entre los días 13 y 15 del pasado mes de agosto.
La denuncia presentada, solicita que se le aplique a la delegada del gobierno lo establecido en el art. 440 del CP que establece que “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.
Indefensión de los menores
Según fuentes consultadas por este medio, sería la Delegación de Gobierno la responsable de haber tramitado los expedientes administrativos para la expulsión de cada uno de los niños y adolescentes, garantizando sus derechos como niños y, sobre todo, la tutela judicial efectiva y a una defensa en ese proceso administrativo que debió existir. Según los denunciantes esto no ocurrió así, y en la operación de expulsión avalada por el Ministerio del Interior no se respetaron los derechos fundamentales de los menores.
Ahora la Fiscalía de Ceuta se hace eco de la denuncia presentada y de los argumentos jurídicos en ella recogidos e inicia un procedimiento judicial contra los más altos responsables de la política de “devoluciones en caliente”, que es casi habitual en España, pero que nunca hasta el pasado verano se había hecho con menores a ojos vista.
Si tras la declaración de os investigados la Fiscalía considera que hay indicios de delito, puede abrirse el primer juicio oral contra el gobierno en materia de inmigración. L’Escola AC ya ha llevado a los tribunales a este Gobierno por otros asuntos relacionados con la protección de los derechos humanos, como la denuncia contra el Ministerio fe trabajo por la legalización del sindicato de la prostitución OTRAS. También ha presentado varias denuncias ante la fiscalía general por la permisividad de que en España actúen empresas de vientres de alquiler, práctica prohibida en el Código Penal y declarada nula por el Tribunal Supremo.
