La ley es la misma, pero los tiempos han cambiado. Al menos eso es lo que parece. El Ministerio Fiscal, garante de la legalidad y defensor del bien común, presentó más de 700 denuncias contra sendos alcaldes catalanes que se manifestaron por la labor de ceder espacios municipales para la celebración del referéndum del 1-O declarado ilegal por el Constitucional.
Donde dije digo…
Fueron denuncias calcadas con las que en un par de días se bombardearon los juzgados de Catalunya. La orden venía de arriba.
El malogrado Fiscal General, José Manuel Maza, dio las consignas adecuadas y taxativas. El también malogrado Fiscal Jefe de Catalunya, José María Romero de Tejada, recogió y ejecutó esas órdenes a pesar de las quejas y discrepancias expuestas por un buen número de fiscales de reputado prestigio y reconocida trayectoria en Catalunya.
Mal toque de atención
“No podemos entender la interposición de unas denuncias que se presentan antes de que se consuma el delito. Es insólito”, decía a este medio uno de esos fiscales. “Son denuncias preventivas. Toques de atención y nosotros no estamos para dar toques a nadie sino para hacer cumplir la ley”, insistía.
Finalmente se ha impuesto el criterio jurídico opuesto al que impulsó la presentación de las denuncias. Se constata pues un nuevo clima jurídico auspiciado por Pedro Sánchez.
