Un mes y medio después de su presentación oficial, la Fiscalía General del Estado ha aceptado a trámite la denuncia colectiva interpuesta el pasado 19 de noviembre de 2020 por varias asociaciones de lucha y denuncia contra los bebés robados en España. En ella, se rogaba al Ministerio Fiscal que investigara y condenara los posibles delitos de lesa humidad de género, contra las madres que fueron víctimas del robo de sus recién nacidos.
Con este compromiso, la Fiscalía General del Estado, dirigida por Dolores Delgado, se compromete a analizar los 58 casos denunciados "para determinar el alcance penal" de los hechos. Es más, desde el Ministerio Fiscal se ha asumido "con especial compromiso" la obligación de dar respuesta a todas las madre víctimas de sustracción de menores recién nacidos, desarrollando "una investigación completa, pese a las dificultades que presenta la naturaleza de las investigaciones".
La abogada feminista y especializada en Derechos Humanos, Núria González, asesora jurídica de las asociaciones denunciantes, celebra que "por fin, tras más de cuarenta años, la Fiscalía General del Estado investigue unos delitos, ninguno de ellos prescriptible: delitos de género, de desaparición forzada, de falsedad documental y de odio contra las mujeres".
Delitos de lesa humanidad
La denuncia, presentada el pasado noviembre, con el asesoramiento también de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, contempla, por primera vez, los delitos de lesa humanidad de torturas y de género contra las madres. Estos delitos, según las asociaciones denunciantes y sus asesores, "habrían sido cometidos por el Estado al no proteger a esas mujeres, víctimas sistemáticas del delito de desaparición forzada infantil de sus hijos e hijas", argumentando que las madres que dan a luz son las víctimas primarias del delito perpetrado.
Desde las asociaciones se entiende que realmente sobre quién se ejerce una violencia estricta, es sobre la mujer que pare y se le arrebata su criatura, "provocando daños morales y psicológicos irreparables, en un momento de absoluta vulnerabilidad que pueden suponer, incluso, una tortura para quien ha perdido a su hijo o hija".
Además, es la primera vez que se interpone una denuncia por un presunto delito de género perpetrado por el Estado, que viene a ser un delito de odio contra las mujeres, según el convenio de Estambul y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Fiscalía General era su última esperanza
Las víctimas, gracias a este avance, se encuentran esperanzadas de que esta vez se lleve a cabo una investigación exhaustiva y coordinada, dando respuesta a un problema humano y a una necesidad social. González añadía a preguntas de este medio que "ésta era la última esperanza de las madres denunciantes en la justicia española, porque no hay que olvidar que la lucha empezó hace años y que siempre ha primado la inacción sobre este asunto". Es por eso, que la abogada asegura celebrar la noticia, pero con cierta contención a la espera de saber cómo avanza la investigación.
Este medio ha podido hablar con varias de las madres que se querellan como víctimas de este presunto entramado delictivo y todas ellas, encabezadas por María Bueno, miembro fundador, portavoz y coordinadora general de la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles “Te Estamos Buscando” y presidenta de la Asociación "ALUMBRA" – Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados en Andalucía -, han asegurado estar "muy decepcionadas con la justicia".
María Bueno y tantas otras madres, padres, hermanos y hermanas de los que fueron sustraídos llevan años investigando por su cuenta ante los nulos resultados judiciales obtenidos en España. Cientos de familias pueden acreditar que sus bebés desaparecieron y están dispuestas a llegar hasta el final, para hacer justicia. De hecho, la macro denuncia incluye, además del delito de género, las historias particulares y los documentos que acreditan la mala praxis en sus casos.
