El Ministerio de Justicia ha anunciado que instará a la Fiscalía a investigar a las agencias de vientres de alquiler que operan en España. Según el comunicado del propio ministerio, recuerda que los vientres de alquiler son ilegales en España y por ello están prohibidos, y que en los países donde se realiza esta práctica existe el riesgo de vulneración de los derechos humanos de las gestantes.
Esta acción del Ministerio de Justicia ha sido recibida con buena aceptación por los colectivos feministas, pero también con cierto escepticismo, puesto que más allá de una investigación judicial, el Ministerio tiene en su mano derogar sin más trámite, la orden del colegio de registradores y notarios de 2010, instrucción puramente administrativa y sin rango de ley, mediante la cual se da pie a la inscripción en los registros consulares en el extranjero de España de los bebés nacidos por vientres de alquiler, mediante un fraude de ley, y que podría ser anulada con efecto inmediato mediante un simple acto administrativo del ministerio.
Posible fraude fiscal
Por otra parte, además de la posible vulneración de los derechos humanos, podría existir un evidente fraude fiscal que se debería perseguir desde las autoridades pertinentes, ya que las agencias de vientres de alquiler que trabajan en España con total impunidad y que ofrecen sus servicios a través de sus sitios webs con total claridad, ante la imposibilidad de declarar estas actividades por ser ilegales en España, están inscritas en el registro mercantil con actividades económicas que nada tienen que ver con su actividad real, como por ejemplo, inmobiliarias o agencias de viajes.
Posible vulneración de derechos
Lo que no se recoge en el comunicado del Ministerio es que la permisividad que existe aún en España ante esta práctica que el propio gobierno reconoce como ilegal, y que ha dado lugar a la entrada en España de unos 2000 bebés nacidos de un vientre de alquiler, también es susceptible de vulnerar los derechos humanos de los bebés, como el derecho a su propia identidad, cuya vulneración sistemática puede ser constitutiva de crimen de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles y en los que, los contratantes y las agencias podrían ser responsables directos y el Estado podría ser responsable solidario por haberlo permitido y seguir permitiéndolo.
Denuncias anteriores
Por último, destacar que esta acción del Ministerio es algo que los diferentes colectivos de feministas, como la Red Española Contra el Alquiler de Vientres (RECAV), No Somos Vasijas o Stop Vientres de Alquier, llevan denunciando públicamente durante muchos años, y con especial intensidad desde que Ciudadanos presentó su propuesta de ley al congreso para intentar legalizar esta práctica.
Concretamente, L’ESCOLA AC presentó en marzo pasado una querella ante la Audiencia Nacional por lo mismo que hoy el Ministerio de Justicia insta a la Fiscalía.
