La Fiscalía de Barcelona ha anunciado este viernes que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo en relación con la recién emitida sentencia del controvertido 'caso Macedonia', según adelanta la ACN. El fallo absuelve a los dos principales acusados - el subinspector de los Mossos José Ranea y el empresario e informador policial Manuel Gutiérrez Carbajo - de todos los delitos de los que se les acusaba. Entre otros, tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y cohecho.
De este modo, según apuntan fuentes judiciales, la Fiscalía de Barcelona ya ha anunciado su voluntad de recurrir la sentencia ante el Alto Tribunal, al considerar que el fallo incurre en infracción de ley y vulnera preceptos constitucionales. Sin embargo, indican las mismas fuentes, tendrá que ser la Fiscalía del Supremo el organismo encargado de interponer dicho recurso. Por su lado, el tribunal de la Audiencia de Barcelona fue muy contundente en su escrito, considerando que se encontraban ante una instrucción "prospectiva y errática", dirigida por el juez instructor número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, quien durante 12 años, investigó una inexistente red de contubernio criminal entre policías, guardias civiles, mossos d’esquadra y presuntos traficantes.
Los términos que utiliza el tribunal son muy duros y, de hecho, anula por ilegales e improcedentes, decenas de autos del juez Aguirre. Unos por infundados, otros por estentóreos y otros directamente por inútiles y prospectivos.
No se puede probar la existencia de una red criminal
De hecho, como se extrae del fallo, no se ha podido probar que el subinspector Ranea, que se enfrentaba a una condena de 11 años de prisión, participase con el presunto entramado criminal, facilitando información confidencial al supuesto grupo de narcos, a cambio de un sueldo. De igual manera, tampoco se ha podido acreditar que el informador Manuel Gutiérrez Carbajo, que también se encaraba a una condena de 11 años, liderara una supuesta trama de tráfico.
Así pues, la sentencia absolvió a la mayoría de los procesados, calificando lo investigado por Aguirre de desproporcionado (habla por ejemplo de 80 teléfonos intervenidos y miles de conversaciones captadas “completamente irrelevantes”). Añade el tribunal que se “afectó a los derechos fundamentales de muchos ciudadanos de forma injustificada”.
La sentencia también cuestiona a la DAI
La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos, que trabajó por entonces (2010) de la mano y al albor del juez, también recibe duras críticas del tribunal. Dice que la DAI se limitó a pinchar teléfonos “sin llevar a cabo ningún seguimiento, ni cualquier otro tipo de actuación. Nos resulta paradigmático que la DAI mencione muchas actuaciones de tráfico de drogas y no hubieran ni seguimientos, ni interceptación de sustancia alguna”.
De hecho, tal y como expusieron las defensas, en particular la del subinspector Ranea, liderada por el letrado José María Fuster-Fabra, el juez, motivado por las diligencias de la DAI, acusó al subinspector de recibir un sueldo por parte de los presuntos narcotraficantes a cambio de información confidencial. Retribución de la que no hay constancia y que la investigación, como se plasma en la sentencia, confundió con un dinero que José Ranea heredó de su madre.
Además, ha quedado probado, como insistía el abogado Fuster-Fabra, que la DAI habrían desechado más de 200 conversaciones telefónicas que afectaban directamente al beneficio de José Ranea “por que no se ajustaban a su línea de investigación”. De este modo, la División de Asuntos Internos de los Mossos alimentó las hipótesis del juez haciendo una investigación parcial y condicionada de los hechos.
