El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, finalmente ha aceptado la personación como acusación particular de la Generalitat en la pieza separada del “caso 3%” en la que se investiga la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) a través de la productora audiovisual Triacom. Una sociedad vinculada con Mediapro y con conocidos empresarios del espectro independentista, que habría trabajado o habría hecho negocios en la órbita de TV3.
Aunque en un primer momento Pedraz rechazó la solicitud de la Generalitat, ahora, razona, tras la presentación del recurso de reforma, que en la causa investigada podría existir un perjuicio para la Corporación catalana de Mitjans Audiovisual (CCMA) – compuesta por TV3 y Catalunya Ràdio –, adscrita como empresa pública a la propia Generalitat. De este modo, el instructor recuerda al Ejecutivo catalán que “si se presenta como parte acusadora” debe comprometerse a ayudar a indagar si, en efecto, “Triacom vendía sus programas a Tv3 muy por encima de los costes de producción”.
En un principio, el magistrado, con el apoyo del fiscal, denegó la personación de la Generalitat al tener en cuenta que en el Govern participan partidos herederos de Pdecat y CDC, cuya financiación presuntamente ilegal se investiga en la causa. Sin embargo, ahora considera “que el compromiso de actuación unitaria, como órgano constitucional que es la Generalitat", debe ser tenido en cuenta como "preferente" para ser considerado parte frente "a la desconfianza de sus intenciones”.
Caso Triacom
En este sentido, cabe recordar, que los Mossos ya han pedido a al menos 10 entidades una veintena de informes contractuales sospechosos, suscritos con Triacom. Por ejemplo: a Telefónica. Esta compañía que acababa de recibir (en 2010-11) un súper contrato de más de 2.000 millones por parte de la Generalitat, para el mantenimiento informático de toda la red pública, pagó a Triacom 2,5 millones de euros por unos servicios que nunca se realizaron.
Uno de esos contratos se refería a la financiación de un programa de TV3 del que nunca más se supo y los otros contratos correspondían con el encargo de diversos vídeos promocionales corporativos que la empresa de telefonía encargó a Triacom. De esos vídeos (por cierto, con un precio de 1,5 millones de euros, exageradísimamente superior al precio de mercado) tampoco se supo nada.
La clave del 3%
Fuente próximas a la investigación hablan de que aunque la investigación no ha hecho más que comenzar ya se puede hablar de pruebas flagrantes.
En la pieza judicial del llamado “caso Triacom” (dentro del amplio sumario del llamado “caso 3%”), es donde se encuentran las diligencias que, definitivamente, pueden llevar al banquillo de los acusados a directivos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Mediapro, otros ejecutivos de Triacom hasta el momento no imputados y algunos empresarios como David Madí que, según fuentes de la investigación, va a tener que aclarar extrañas maniobras financieras sobre las que recaen numerosas sospechas de corrupción.
