La Fiscalía ha actualizado los datos de las residencias de mayores y de personas con discapacidad investigadas por la situación creada a raíz de la pandemia de coronavirus. A fecha de este miércoles, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), hay abiertas 109 diligencias de investigación de naturaleza penal y 165 de índole civil por la situación creada en las residencias de ancianos a causa de la pandemia de COVID-19.
Estos datos se van actualizando semanalmente por el departamento de Dolores Delgado, en función de nuevas actuaciones; las que se han archivado o judicializado se excluyen de este recuento. En materia penal, el total de investigaciones con los datos ofrecidos son sensiblemente superiores a los aportados la semana pasada, cuando la Fiscalía elevó hasta 86 el número de residencias investigadas penalmente.
Madrid: mayor número de casos
Con los nuevos datos, la Comunidad de Madrid sigue siendo la región con más diligencias abiertas, con 42 (se han abierto un total de 51 expedientes, pero en 9 de los casos, éstos se han acumulado a otros abiertos con anterioridad por los mismos hechos).
Le siguen Catalunya con 24, Castilla-La Mancha (10), Castilla y León (10), Galicia (11), Extremadura (4), Aragón (3), Canarias (2) y Baleares, La Rioja y Cantabria (1). En Andalucía no constan investigaciones penales sobre residencias que a día de hoy se mantengan vivas y tan sólo se apunta el archivo de una que se abrió en su día en Huelva.
Diligencias civiles
En cuanto a las actuaciones civiles, que se han tramitado como expedientes gubernativos y diligencias preprocesales o diligencias informativas civiles, también se ha visto un repunte con los datos ofrecidos la semana pasada, pues de 126 se elevan a 176 las actuaciones, de las cuáles 165 siguen en trámite y 11 han sido archivadas o están pendiente de ser archivadas.
En este caso, Catalunya es la región con más actuaciones activas, 78, seguida de Castilla y León (18), Galicia (14), Andalucía (14), Comunidad Valenciana (14), Extremadura (5), Castilla-La Mancha (5), Aragón (4), Madrid (4), Cantabria (3), Canarias (2), La Rioja (1), Murcia (1), Navarra (1) y País Vasco (1).
Toda esta información, según ha explicado la FGE en un comunicado, ha sido recabada por la Fiscalía para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales, quienes se encuentran en «permanente contacto» con las autoridades sanitarias, facilitando así la respuesta a aquellas incidencias que, en el marco de las competencias del Ministerio Fiscal, pudieran plantearse en torno a las residencias.
