La sección 10ª de la Audiencia de Barcelona ha emitido este martes un auto en el que se ordena el ingreso en prisión para los principales condenados por el saqueo del «caso Palau», Fèlix Millet, Jordi Montull y Daniel Osácar. El tribunal sentenciador da de plazo hasta el próximo 25 de junio para que los tres condenados ingresen voluntariamente en la cárcel y descarta, por otro lado, que su avanzada edad y sus achaques de salud sean un impedimento para que cumplan su condena en prisión.
El auto llega tras la sentencia firme del Tribunal Supremo sobre este caso y también ordena que se ejecuten los embargos sobre los bienes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que se embolsó 6,6 millones de euros en comisiones ilegales.
La cuarta condenada a una pena superior a los dos años de cárcel es Gemma Montull, exadministradora financiera del Palau de la Música. En su caso, los jueces dan siete días a la defensa para que presente las alegaciones que considere oportunas antes de decidir si también debe ingresar en prisión.
Su edad no es excusa
Sus defensas se opusieron a su ingreso en prisión alegando su avanzada edad (84, 77 y 84 años, respectivamente) y el riesgo de contraer COVID-19 en la cárcel, pero la Fiscalía Anticorrupción pidió el ingreso para cumplir las penas y que se ejecute la sentencia del caso, una semana después de que el Tribunal Supremo confirmara las condenas. La Audiencia ha apoyado las tesis de la Fiscalía y sólo admite ampliar el plazo reglamentario hasta el final de la desescalada, para que dicho ingreso se haga efectivo.
El auto señala que en la documentación médica aportada por los penados no se acredita que tengan una enfermedad «muy grave con padecimientos incurables» sino que tienen una situación médica delicada debido a las patologías que se describen, precisando atención y seguimiento médico «que seguro se les proporcionaría en el centro penitenciario, como se realiza a otras personas ingresadas, de avanzada edad y con patologías previas», señala.
Además, la situación de la crisis sanitaria actual como consecuencia del coronavirus tampoco es motivo para evitar la entrada en prisión puesto que «tales riesgos tampoco desaparecen a los ciudadanos que están en situación de libertad, dados los contagios y fallecimientos que se han producido en la sociedad».
CDC cobró comisiones ilegales
La sentencia del Tribunal Supremo confirmó que Convergència cobró 6,6 millones de euros de Ferrovial en comisiones ilegales, a cambio de la adjudicación de obra pública (la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro) durante el último gobierno de Jordi Pujol. Los pagos continuaron hasta 2009, ya en la etapa de Artur Mas como jefe de la oposición. En el auto dado a conocer este martes, los jueces han ordenado que los embargos preventivos decretados sobre una docena de sedes de la formación se conviertan en «ejecutivos».
