La semana pasada, el juez de instrucción, número 6, de Barcelona, citó a declarar, en calidad de investigado, al fotoperiodista del diario El País, Albert García, por un delito de atentado contra la autoridad.
Fue una declaración larga y extraña. Al menos, en lo formal. Extraña porque la declaración, contrariamente a lo que es habitual, no se grabó, se transcribió. García dio su versión de los hechos y negó haber interferido o perjudicado de forma consciente o inconsciente la labor policial efectuada durante los disturbios acaecidos frente la Jefatura Superior de Policía de Catalunya, el pasado viernes, 18 de octubre.
Su declaración no pudo ser contrastada con la del policía que le detuvo y que asegura que García impidió el efectivo desarrollo de la actuación policial. Este agente de la Policía Nacional (CNP), destinado en Valladolid, no prestará declaración como inicialmente estaba previsto, porque pidió declarar por exhorto en los juzgados de Valladolid y, así, evitar el traslado a Barcelona y tener que responder in situ —en vivo y en directo—, a las preguntas de todas las partes, incluidas las de la defensa.
El policía no declara
El juez suspendió, pues, la declaración del policía y, tras ser transcrita la que había efectuado García, se procedió a la lectura de la declaración para que éste ratificase que, lo que allí se exponía, respondía a la verdad de lo que había declarado y, en consecuencia, para que firmara. Durante la lectura de la declaración, sin embargo, Albert García, detectó que aparecían detalles que él no había dicho (probablemente fruto de algún error en la transcripción) y quiso añadir algo que no había, en su opinión, quedado suficientemente remarcado.
El juez se negó a la petición del justiciable y le conminó a que firmase tal cual ya estaba aquella declaración. A lo que el investigado, haciendo uso de su legítimo derecho y, ante lo que supuso una manifiesta vulneración de su derecho de defensa y de las garantías procesales, se negó a firmar la declaración. Ante la legítima reacción de García, el magistrado respondió si esa era «su forma de colaborar con la administración de justicia».
El investigado se ratifica en su decisión y apela a sus derechos democráticos para exigir respeto y legalidad de la conducta de un servidor público dotado de toga con puntilla.
