“No se puede ir en contra del Estado”. Núria González y Meritxell Cabezón, presidenta y representante de la asociación L’Escola A.C. lamentan la coacción y “amenaza de multa” que han recibido por parte del magistrado Ricardo Bodas Martín, presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, durante la vista contra el Ministerio del Trabajo. Los hechos han sucedido durante el acto de conciliación celebrado este martes: la asociación barcelonesa denunció en septiembre de 2018 a dicho Ministerio por aprobar los estatutos del sindicato de trabajadoras sexuales “OTRAS”.
El objetivo de L’Escola era el de impugnar y anular el acto primigenio de aprobación para disolver de forma automática el sindicato, al entender que dicha organización estaría representando una actividad de proxenetismo.
“Sancionadas por temeridad”
Sin embargo, el magistrado, a pesar de aceptar la celebración del juicio, se ha mostrado muy contundente contra la parte denunciante. González y Cabezón no han podido exponer su alegato, pues el presidente de la Sala ha esgrimido solo empezar que para que su denuncia prosperara tenían que denunciar directamente al sindicato en cuestión y no, pues, al Ministerio. Añadiendo, de forma explícita, que si no desistían en su actitud “serían sancionadas por temeridad”. Ante esta respuesta, las representantes de L’Escola han abandonado la Sala, visiblemente molestas, lamentando la actitud del magistrado y la indefensión sufrida.
Además, han comentado a preguntas de eltaquigrafo.com, que el acto de conciliación previo no se graba, por lo que no tienen forma de demostrar la “mala actitud” del juez, que las ha amenazado sin posibilidad de exponer su discurso.
Lamentan la actitud del abogado del Estado
Antes de entrar en Sala, el abogado del Estado – representante del Ministerio de Trabajo – ha preguntado a las denunciantes si querían desistir de la acción contra dicho Ministerio. Y es que, a pesar de que la que fue ministra de Trabajo cuando se aprobó el controvertido sindicato, Magdalena Valerio, salió ante los medios lamentando la acción que había aprobado su gabinete; su representante legal no tenía intenciones hoy de reconocer el error, como esperaban las letradas catalanas.
Lo que no se explican ni González, ni Cabezón es como el abogado del Estado – recordando que, incluso en la actualidad, el Gobierno quiere incorporar medidas abolicionistas en su leyes contra la prostitución en España – no ha adoptado sus misma postura, mostrándose mucho más cercano a la postura de la representante del sindicato.
El Supremo aprobó los estatutos
Con todo, cabe recordar que esta decisión judicial llega después de que el pasado mes de junio el Tribunal Supremo publicara una sentencia en la que anulaba la decisión que la Audiencia Nacional tomó en noviembre de 2018 de invalidar los estatutos de dicho sindicato porque entendía que la prostitución no es un trabajo y, por tanto, no podían regularse sus condiciones laborales. La sentencia del Supremo establece, sin embargo, que los estatutos sindicales no determinan la legalidad o ilegalidad de una actividad, sino que esa tarea corresponde al legislador. Añade, además, que el ámbito al que se refieren esos estatutos es legal, pues la prostitución no aparece mencionada en ellos, ya que aparecen como administrativas.
Ahora de nuevo ante la misma Audiencia que anuló los sindicatos por primera vez, las letradas catalanas han abandonado la sala amenazadas de multa y sin obtener el resultado que esperaban: la nulidad del sindicato.
La prensa ya no tiene cabida La conclusión a la que han llegado Núria González y Meritxell Cabezón es que el Gobierno, a pesar de mostrarse contrario a la prostitución, a la hora de la verdad, no se opone a su existencia. Cabe resaltar, las dificultades que ha tenido esta redacción para asistir presencialmente a la vista, pues parece que la covid-19 es la excusa que las instituciones necesitaban para vetar la entrada de la prensa.
