Como reflexionaba recientemente el director de este digital, el periodista, Carlos Quílez, en los últimos días se han llevado a cabo desalojos exprés en pocas semanas, incluso, en pocas horas desde el momento de la okupación. La ley no ha cambiado, el modus operandi de la Justicia y las fuerzas policiales, sí. Hay que celebrar cuando este tipo de actuaciones inmediatas se realizan contra las mafias criminales que se dedican a okupar pisos con fines económicos y hay que andar con pies de plomo cuando tras una okupación, como bien remarcaba Carlos Quílez, hay una familia vulnerable con la necesidad real de cobijarse.
Estos últimos casos, lamentablemente, son los más abundantes. «Hay que estudiarlos con detalle y la Administración debería facilitar el acceso a los miles de pisos vacíos que existen en nuestro país —propiedad de Bancos y de particulares—, proporcionando un alquiler social para todas esas familias en estado de máxima vulnerabilidad. En los otros casos, cuando tras la ocupación no hay una necesidad, sino una mafia, entonces, mano dura», sentenciaba Quílez.
Nuevo protocolo contra las mafias okupas
Es precisamente para este tipo de casos —los que nacen de una ideología criminal— que el Ministerio del Interior ha elaborado un protocolo de actuación para la Policía Nacional y la Guardia Civil que homogeneiza y mejora la respuesta policial, garantizando que los atestados recojan todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para acreditar la comisión del delito y la participación de sus presuntos autores, entre otros objetivos. Con este nuevo protocolo, que se pondrá en marcha cuando se tengan indicios de que se está cometiendo un delito flagrante, los agentes no necesitarán solicitar medidas judiciales para intervenir.
El «Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles» está incluido en una instrucción firmada este jueves por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz. Este mismo documento, que aprueba la rápida intervención policial, incluye que, si entre los ocupantes existe una situación de verdadera vulnerabilidad, las fuerzas y cuerpos policiales ejercerán, «sin renunciar a la restitución a su dueño, del inmueble», una respuesta ágil y deberán informar del caso, de forma inmediata, a las entidades e instituciones sociales y asistenciales con competencias para paliar dichas situaciones de especial fragilidad.
Tensión ante inminentes desahucios
Todavía es temprano para determinar las consecuencias que acarreará este protocolo de actuación, pero es previsible que cree tensión, por supuesto, en los casos donde se desaloje a personas y familias afectadas por la crisis económica y laboral. Una muestra de ello se vivió este mismo jueves en Barcelona. Mientras que en Madrid se gestaba la puesta en marcha de este protocolo, en la capital catalana, la tensión entre agentes de los Mossos y manifestantes fue constante a lo largo de toda la mañana. Los ahí presentes trataban de impedir el desalojo de una familia inmigrante, con dos hijos menores. Mossos y activistas se enfrentaron a pocos metros de la vivienda que iba a ser desahuciada.
La plataforma antidesahucios denuncia que el propietario del piso no ha querido negociar un alquiler social, pese a los intentos del inquilino. Este es el tercer intento de desalojo de la familia, que habitaba la vivienda desde hace tres años. De momento, el ayuntamiento de Barcelona les ha facilitado un inmueble de forma provisional.
Comunicado de los Mossos
En este sentido, los Mossos han enviado un comunicado justificando la actuación de los agentes que han frenado el avance de los manifestantes, para permitir el paso de la comitiva judicial que debía llevar a acabo el desahucio. Según se pone de manifiesto en el comunicado, los agentes han velado por mantener la seguridad de la comitiva, aireando a los manifestantes que obstaculizaban directamente la entrada del inmueble, por lo que han creado un cordón de seguridad para intentar contener a los cientos de personas que se habían concentrado en las inmediaciones de la vivienda para impedir el desalojo.
