El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha decretado prisión sin fianza para los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el lunes en el marco de la "operación Judas", a quienes la Fiscalía acusa de ultimar acciones terroristas de cara al próximo aniversario del 1-O.
El Ministerio Fiscal acusa a los siete independentistas detenidos de integración en grupo terrorista, conspiración para cometer estragos y tenencia de explosivos. Los detenidos —Eduard Garzón, Xavier Buigas i Llobet, David Budria, Jordi Ros Solà, Xavier Duch Palau, Ferran Solís y Alexis Codina— fueron arrestados el lunes, junto a otras dos personas que quedaron en libertad tras pasar por la comandancia de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia, en Barcelona.
Sector más radical
Según ha informado EFE, García-Castellón
ha tomado esta decisión después de que los siete detenidos hayan prestado declaración
a lo largo de la mañana del jueves y al entender que concurren los requisitos
necesarios para decretar la prisión, como la gravedad de las penas que
conllevan los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas, la
posible sustracción a la Justicia o el riesgo de reiteración delictiva.
Además, el magistrado vincula a los detenidos con
los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), a los que califica de
"organización con estructura jerarquizada que pretendía instaurar la
república catalana por cualquier vía, incluida la violenta", según fuentes
judiciales. La causa permanece secreta.
En el auto, al que ha tenido acceso la agencia EFE, García-Castellón sostiene que las intervenciones telefónicas, seguimientos y demás pruebas practicadas, aportan indicios suficientes para situar a los detenidos en los CDR y, dentro de ellos, en el "sector más radical, clandestino y comprometido, encarnado por los ERT, siendo éstos una organización con una estructura jerarquizada". A su juicio, esa organización tiene "capacidad suficiente para llevar a cabo maniobras con un alto nivel de profesionalización".
Cae la acusación por rebelión
Dos de los detenidos, que han comparecido con
abogados de oficio, admitieron ante la Guardia Civil, antes de declarar ante el
juez, haber comprado y hecho pruebas para la fabricación de artefactos para
"hacer ruido" el 1-O, tras serles mostrados vídeos y documentos
gráficos en los que aparecen algunos de los arrestados con dichos materiales de
fabricación.
Los otros cinco, representados por letrados de Alerta
Solidària, se han limitado a contestar a preguntas de sus respectivos
abogados para desvincularse de las conductas y acciones que les imputaba la
Fiscalía. El Ministerio Público, en un principio, atribuía a los siete
detenidos un delito de rebelión, si bien finalmente éste ha decaído,
manteniéndose la integración en grupo terrorista, la conspiración para cometer
estragos y la tenencia de explosivos.
Movilizaciones de denuncia
Los independentistas catalanes han sido trasladados a las cinco de la mañana a la Audiencia Nacional tras pasar 72 horas detenidos en dependencias de la Guardia Civil. Ante el edificio judicial, se han personado representantes de Junts per Catalunya, Esquerra, la CUP y EH Bildu, que han mostrado su apoyo a los detenidos y han calificado la "operación Judas" de "montaje policial".
Varios grupos independentistas, como la CUP,
Capgirem y Arran, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para
concentrarse por la libertad de los CDR encarcelados, este jueves, a las 20:00,
horas en la plaza de Sant Jaume de Barcelona y en la plaza del
Ajuntament de Sabadell. También ha habido disputas en el Parlament entre
las distintas formaciones por la detención e ingreso en prisión de los siete
independentistas detenidos.
