El expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, interpondrá una querella contra la juez del Tribunal Supremo que instruyó su caso, Carmen Lamela, y prepara una demanda al Estado, de más de 10 millones de euros, tras ser absuelto de todos los cargos que pesaban sobre él por parte de la Audiencia Nacional.
Según adelanta El Mundo, Rosell ha dividido, por el momento, sus acciones en dos. La primera es una querella criminal por prevaricación y falsedad documental, ya presentada, contra la jueza del Supremo que instruyó su caso y le negó reiteradamente la libertad bajo fianza, Carmen Lamela. La segunda es una demanda contra el Estado que ultiman sus abogados, y en la que reclamará más de 10 millones de euros por los perjuicios ocasionados a su imagen y las pérdidas económicas sufridas durante su tiempo en prisión.
Cuando Lamela dirigía el Juzgado de Instrucción, número 3, de la Audiencia Nacional, ordenó la detención de Rosell, acusándole de blanquear más de 20 millones de euros en comisiones ilegales y de liderar una organización criminal. Incluso llegó a afirmar que el expresidente del Barça «había hecho del delito su forma de vida». Por su parte, la Fiscalía le pidió durante el juicio una pena de seis años de prisión y 60 millones de multa.
«Ocultó información»
Según el mismo rotativo, Sandro Rosell considera que la magistrada «ocultó injustificada y deliberadamente, hasta en tres ocasiones, la existencia de un conjunto de información, más de 1.200 folios, de gran relevancia para la causa», que le exculpaba por completo.
El expresidente azulgrana hace referencia al contenido de las comisiones rogatorias solicitadas a Estados Unidos que libró la juez en busca de dinero de Rosell fuera de España. Fueron enviadas dos años antes de la detención del ex presidente del Barça y, según se refleja en la querella, la juez las habría escondido hasta el punto de negar una copia a los investigados en tres ocasiones.
Esta documentación fue requerida de nuevo por la defensa de Rosell, durante el juicio, y sólo entonces pudo acceder a ella.
Puesta en libertad
La denuncia, firmada por el penalista, Andrés Maluenda, que ha codefendido junto a Pau Molins a Rosell durante todo el proceso y que fue uno de los artífices de su absolución, destaca que, apenas dos días después de solicitar la documentación mencionada mediante una cuestión previa al comienzo del juicio, su cliente fue puesto inmediatamente en libertad.
Fue entonces cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional facilitó al tribunal que juzgaba a Rosell una voluminosa documentación que llevaba años negando a los investigados, al tiempo que «faltaba a la verdad».
La denuncia sostiene que la juez «en dos ocasiones negó la existencia de la Rogatoria y en una tercera negó su posesión por parte del juzgado».
