El Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona ha archivado esta semana la investigación que mantenía abierta contra la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones públicas. El magistrado considera que no hay indicios suficientes que aprueben que la edil prevaricó y se dejó influenciar a la hora de otorgar ciertas ayudas económicas. Por eso, al no ver delito alguno en la práctica de la alcaldesa, se ha decretado el sobreseimiento de la querella, presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática.
Ni juez, ni fiscal ven indicios de prevaricación
Esta entidad acusó a la alcaldesa de conceder ayudas públicas de forma “arbitraria y discrecional” para “favorecer” a entidades con las que el equipo de gobierno de Colau mantenía afinidades ideológicas y vínculos laborales. En este sentido, de hecho, la alcaldesa llegó a declarar como investigada por cinco delitos: prevaricación, fraude, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias.
Seis meses después de admitir a trámite la querella de dicha asociación, y de abrirse el proceso penal, el titular del Juzgado 21 concluye que no hay indicios de “infracción penal alguna”. De este modo, el juez se acoge a las peticiones de la Fiscalía, que también había pedido el archivo de las diligencias.
No se observan irregularidades
El juez también resalta que no se han observado irregularidades en los expedientes de las subvenciones y recuerda que éstas fueron aprobadas "por mayoría por el pleno del Ayuntamiento y siguiendo las normas establecidas, con independencia de que se pueda estar o no de acuerdo con el objeto" de las ayudas.
Otras causas abiertas
Además de esta causa, la alcaldesa permanece investigada en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona por los presuntos delitos de coacciones y prevaricación a raíz de otra querella presentada por el fondo inversor Vauras Investments S.L., que la acusa de presionarlo para que destinara inmuebles a alquiler social, informa Efe.
La querella fue inicialmente archivada por la juez instructora, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir la causa para investigarla únicamente por los delitos de prevaricación y coacciones, no por los de tráfico de influencias, cohecho, usurpación de atribuciones y negociaciones prohibidas a funcionarios que también le atribuía Vauras Investments S.L., a quien el consistorio califica de "fondo buitre".
