Con las cuestiones previas resueltas, este lunes se retoma la vista oral por el conocido ‘caso Macedonia’ en la Audiencia Provincial de Barcelona. Diecisiete personas deberán responder sobre su presunta vinculación con una red de narcotráfico que salpicó, incluso, a varios Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que mantiene a un subinspector de los Mossos d’Esquadra en el banquillo de los acusados.
Sin embargo, a pesar de la insistencia del juez instructor, Joaquín Aguirre, y la fiscal, Ana Gil, los letrados de la defensa insisten en exigir la “nulidad de autos”, al entender que los acusados han sufrido “una indefensión absoluta, falta de garantías procesales y han visto vulnerados sus derechos fundamentales”.
La DAI empieza con las testificales
Este lunes, los primeros en responder a las preguntas de las partes serán los agentes de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra, que se encargaron de investigar, de forma interna, a los agentes implicados.
El letrado José María Fuster-Fabra, en defensa de los derechos e intereses del finalmente único subinspector investigado, ya denunció, durante las sesiones destinadas a las cuestiones previas, que la DAI ocultó en sus informes parte de las comunicaciones que el subinspector investigado mantuvo con otro de los acusados. En este senito, narraba Fuster-Fabra, los agentes de asuntos internos dejaron al margen de la investigación información que beneficiaba los intereses del mosso imputado.
Después de ellos, empezará una larga lista de testigos que deberán o esclarecer las teorías formuladas por el juez instructor, o dar forma a los lamentos y denuncias de las defensas.
“La nefasta instrucción”
Durante las cuestiones previas, las defensas ya denunciaron la “nefasta instrucción”, ejercida por el juez Aguirre, enumerando los cuantiosos motivos por los que consideran que el instructor no procedió bajo los parámetros judicialmente establecidos. Por un lado, por la falta de motivación por parte del magistrado a la hora de acusar a los investigados o de ordenar la incorporación o desestimación de escuchas y otras pesquisas realizadas en el marco de la instrucción.
Y, por otro lado, por haber sido acusados de un delito -el de pertenencia a organización criminal- que todavía no había entrado en vigor en el momento de los hechos investigados.
Una presunta banda de narcos con un poli “comprado”
Con todo, según el Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron en los años 2009 y 2010, cuando los acusados, entre quienes se encuentran un ex confidente y un subinspector de los Mossos, “se dedicaron a la adquisición, adulteración, dosificación y posterior venta a terceros de sustancias estupefacientes, en concreto cocaína, marihuana y hachís”.
Al inspector, concretamente, se le acusa de haber dado cobertura a esta red de narcotraficantes. A cambio de ello, asegura la fiscal, percibía mensualmente una cantidad de dinero, entre otras cosas. Sin embargo, el único intercambio que se ha podido constatar ha sido una caja de donuts…
Ni Trapero, ni Baena
De este modo, con una instrucción larga, tras más de una década, y muy cuestionada, el que parecía que iba a ser el gran caso de investigación contra la corrupción policial en Catalunya; se ha ido desinflando con el paso de los años. De las decenas de mossos, policías nacionales y guardias civiles que fueron investigados, el único agente que permanece en esta condición – en una causa en la que se quiso imputar a caras muy conocidas del ámbito policial como al mayor Josep Lluís Trapero o al teniente coronel Daniel Baena – es un subinspector de los Mossos d’Esquadra, al que la Fiscalía pide 11 años de cárcel por ayudar presuntamente a una banda de narcotraficantes.
El principal contacto del subinspector, según siempre la versión de la Fiscalía, era el supuesto cabecilla de la banda, Manuel Gutiérrez Carbajo, a su vez, un conocido confidente de los Mossos y la policía. A él también le piden 11 años de prisión por liderar un presunto entramado criminal que manejaba el tráfico de droga en el Baix Llobregat, el Garraf y el Penedès.
La ganancias que según el Ministerio Fiscal obtuvo de esta actividad criminal ascenderían a los 2,4 millones de euros. Lo que hacía Carbajo, según el Ministerio Público, era financiar la adquisición de la droga, para que otros miembros del presunto entramado la preparasen y la distribuyesen. Su poder provenía, precisamente, de su condición de confidente de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra.
¿Fue todo un montaje para desprestigiar a Trapero?
Incluso hay información que mostraría que existen indicios de que esta causa no es más que un ‘chivo expiatorio’ para desprestigiar la imagen del major Trapero, ahora destituido de sus funciones. En este sentido, Samuel Pérez, el letrado del supuesto cabecilla de la banda criminal, acusó al excomisario Manuel Villarejo de fabricar este caso contra su cliente con el último objetivo de «desprestigiar» al major de los Mossos d’Esquadra.
Esta acusación se basa en unas informaciones que publicó recientemente La Razón y que amplió esta redacción en las que se ponían de manifiesto unas conversaciones entre Villarejo y un policía en segunda actividad en Cataluña, Antonio Giménez Raso, para presuntamente imputar a Trapero en el marco de esta instrucción. El plan de Villarejo y sus compañeros se plasmó, según la defensa de Manuel G.C., en el caso Macedonia. «Se diseñó un plan para imputar a mi cliente una serie de delitos inexistentes y convertirle en líder de organización criminal de narcotráfico con el objetivo de desprestigiar al fiscal Martínez Madero [ya fallecido] y a Trapero», expuso el letrado.
