Este miércoles ha tomado el turno de palabra la Fiscalía quien no ha dudado en desmontar los argumentos de la defensa de Villarejo. El abogado del excomisario defendió en sesiones anteriores que su cliente es una víctima del sistema y que el juicio por la macrocausa ‘Tándem’ no es más que “una causa viciada, preparada, impulsada por el resentimiento, por el exterminio del enemigo”.
En la sesión de hoy, el fiscal Miguel Serrano ha insistido en que Villarejo aprovechó sus cargos en el Cuerpo “para lucrarse”, a pesar de que el enjuiciado sigue sosteniendo que nunca cometió un delito con sus negocios porque formaban parte de su tapadera como agente encubierto.
No obstante, el ministerio público ha dibujado un escenario completamente distinto asegurando que “no negamos que Villarejo fuese policía de inteligencia o espía” y ha recordado que a pesar de tener la condición estructural de colaborado del CNI “no estaba autorizado, ni podía estarlo para lucrarse al margen de esa actividad basándose en los conocimientos” como policía.
Condición de policía
El foco principal de la acusación centra sus argumentos en que Villarejo era policía. Serrano ha insistido en que el excomisario “recibió dádivas con abusos de sus funciones policiales, realizando funciones paralelas para clientes privados”. Un razonamiento que casa con lo que hay recogido en el sumario y donde se desvela que la trama accedía a bases de datos confidenciales para supuestos encargos de espionaje que recibía de particulares o empresas privadas a cambio de grandes cantidades millonarias.
Ni exministros, jueces ni fiscales
La acusación ha rechazado la petición de la defensa que solicitó en pasadas sesiones que se llamara a declarar a Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Felipe González, Fernando Andreu y Alejandro Abascal, magistrados de la Audiencia Nacional, además de otra batería de nombres que Villarejo lanzó como posibles testigos. El fiscal ha explicado que “no están en condiciones” de explicar si el enjuiciado contaba con autorización para “hacer determinadas operaciones o usar sus empresas para contratar con clientes privados”. Tampoco ha aceptado que declaren aquellos que “no tenían capacidad legal para autorizarle” como son: los exministros José Luis Corcuera y Jorge Fernández Díaz; o Rafael Vera y José Antonio Nieto, ex secretarios de Estado.
El ministerio público solo apoyará que se llamen a declarar a aquellos testimonios que puedan ayudar a dilucidar el objeto de la acusación, como por ejemplo: ex altos cargos de la Policía Nacional Eugenio Pino, Pedro Díaz-Pintado y Florentino Villabona, antiguos jefes del Cuerpo; a Félix Sanz Roldán, quien fuera máximo responsable del CNI; y a Francisco Martínez, ex número dos de Interior.
La Fiscalía también acepta que declare la periodista Ana Rosa Quintana, ya que ella se encontraba en alguna de las reuniones entre su marido y el excomisario después de contratarlo para obtener ilegalmente datos de un exsocio.
