Las Juntas de Tratamiento proponen y el Departamento de Clasificación de la Dirección General de Servicios Penitenciarios (DGSP) de la Generalitat, dispone.
Conocida la propuesta de los técnicos penitenciarios para clasificar a los presos del ‹procés› al régimen carcelario de segundo grado (el régimen ordinario), le toca, ahora, al Departamento de Clasificación la decisión de ratificar o no la propuesta.
Recursos poco probables
En caso afirmativo, la Fiscalía ya ha anunciado que no recurrirá. Por su parte, la defensa de los presos afectados se reserva esta posibilidad, aunque todo apunta a que tampoco lo hará, incluso si hay ratificación.
Si bien la ley no impediría la concesión excepcional del tercer grado (semi libertad) a estos reclusos, la amplitud de las penas parece ser un argumento asumido por todos como razonable para no luchar, hoy por hoy, por una mejora en la situación penitenciara de los líderes independentistas en prisión.
La revisión, en seis meses
Tal y como marca el reglamento, en un plazo no superior a dos meses, el Departamento de Clasificación tiene de margen para pronunciarse. En caso de recurso, serán los juzgados de vigilancia penitenciaria de Catalunya los que tendrán que resolver. Contra esas eventuales resoluciones, sería el Supremo, tribunal sentenciador, el que acabaría diciendo la última palabra.
Si todo va como se presume, esto es, ratificación de la propuesta de las Juntas de Tratamiento y la no presentación de recursos al respecto, la Generalitat no revisará los expedientes de los nueve presos del ‹procés› hasta dentro de seis meses, también, como marca el reglamento.
