Desde el inicio de la llamada operación Volhov, (una investigación judicial que trata de evidenciar la trama de financiación del procés, las conexiones extrajeras y su vinculación con el movimiento Tsunami Democràtic), la Fiscalía ha dejado solo al juez que instruye la causa, el magistrado Joaquín Aguirre.
Cuando la Guardia Civil por orden del juez detuvo a David Madí, Xavier Vendrell, Josep Lluís Alay y a otros destacados impulsores del procés, el Ministerio Público dio un paso a atrás. No pidió para ninguno de los investigados medida cautelar alguna y, Aguirre, que les imputaba incluso un supuestos acuerdo con Rusia para el envío a Catalunya de más de 10.000 soldados para luchar por la independencia, no pudo, pues, decretar contra los detenidos ninguna medida cautelar. Poco después, aceptaría la personación de la formación política VOX como acusación popular.
El fiscal no tiene dudas
Según documentación a la que ha tenido acceso eltaquigrafo.com, el pasado 20 de septiembre el fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, envió un informe al juez en el que le dicía que no hay delito y que empecinarse en demostrarlo puede hacer incurrir al juez en una investigación prospectiva.
Este dictamen del fiscal tiene que ver con la decisión de Aguirre de enviar a la Fiscalía europea una pieza separada relacionada con una conversación telefónica que mantuvieron David Madí y Joan Ferrán en la que ambos hablaron de las expectativas de crear proyectos para optar a ayudas públicas procedentes de los fondos europeos. Madí recurrió esta decisión al entender que ni la Fiscalía europea, ni la española, ni ningún órgano judicial debe investigar nada al respecto de esa conversación porque de su contendido no se desprende indicio de delito alguno.
Cuidado con ser prospectivo
“Se comparten plenamente los argumentos expuestos en el escrito del recurso (presentado por Madí) por cuanto de la audición de la conversación entre Madí y Ferrán no puede inferirse la existencia de delito alguno”, expone el fiscal y añade…: “Por lo tanto, y tal y como fundamenta el recurrente, no debe iniciarse una investigación penal cuando los hechos no constituyen delito so pena de convertirse en una investigación prospectiva ajena a un Estado de derecho”. Maldonado remata su escrito recordándole al juez que “en un Estado de derecho, una investigación prospectiva conculca los más elementales derechos de toda persona a no ser investigada por la mera arbitrariedad de los poderes públicos titulares de la investigación penal”, en directa alusión a la figura del juez instructor.
Una causa que se cae
El fiscal Maldonado pide el archivo de la causa y para más ahondamiento afirma que el proyecto empresarial que se trasluce de la conversación es habitual en los servicios que ofrecen consultoras como las que dirige Madí y recuerda, incluso, que los fondos a los que se refieren los dos interlocutores en la conversación intervenida por orden del juez “en el momento de la conversación ni si quiera se había transferido a España dichos fondos europeos para la recuperación económica”.
