Turno para las defensas en la segunda sesión del primer gran juicio por la macrocausa «Tándem». Los abogados defensores han solicitado la nulidad de la prueba de efectos informáticos al entender que fueron obtenidas de forma ilícita y se quebrantó la cadena de custodia: “la cadena de custodia ha quedado inhabilitada, esos archivos son copias de las grabaciones y en los registros no consta que se haya incautado ningún artefacto de grabación y no es posible conocer si los efectos sobre los que se está investigando son o no legítimos”, ha expuesto el letrado Antonio Tapia en representacióndel acusado Rafael Redondo.
Las defensas han recordado que la orden judicial establecía que se debería haber procedido al volcado ‘in situ’ de la información contenida en los dispositivos informáticos incautados durante los registros y que, de ser necesario llevárselos, deberían haberlo hecho siguiendo el protocolo específico siendo precintados y quedando bajo la tutela del letrado de la administración de justicia.
A su exposición, también han añadido que recoger conversaciones entre abogados en su ejercicio profesional y admitirlas como prueba supondría una vulneración de derechos fundamentales recogida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Irregularidades en el caso
Durante su alegato, las defensas manifestaron una clara la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva a las defensas del caso: “no hemos tenido conocimiento de todos los procedimientos durante la Instrucción, se ha resquebrajado el principio de defensa”, concluía la primera intervención de la tarde a manos del abogado de Rafael Redondo, socio de Villarejo.
A las supuestas irregularidades en las entradas y registros a las que han hecho alusión a lo largo de esta jornada, el letrado de Alcalá, Sergio Nuño Díez de la Lastra, también ha indiciado que el objetivo de Asuntos Internos era “apoderarse de las famosas grabaciones porque afectan a otros muchos ámbitos”, que incluyen el periodo en el que Villarejo era agente de Inteligencia y policía.
No ha faltado tiempo para que el abogado de Rafael Redondo, Antonio Tapia, cuestionara la competencia jurisdiccional de la Audiencia Nacional para conocer del caso Villarejo. El letrado alegó que los delitos de cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, extorsión y tráfico de influencias que están siendo juzgados en la Sala no forman parte del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las demás defensas coincidieron en la exposición de Redondo y recordaron que el único delito que justifica la competencia de la AN es el blanqueo de capitales pero que, según han razonado, no guarda relación con los ahora juzgados.
Otro argumento para pedir la nulidad ha sido que la instrucción terminó poco después de que se levantara el secreto sobre la investigación, sin que las defensas tuvieran tiempo suficiente para estudiar todo lo investigado y solicitar las diligencias oportunas.
Ausencia de Villarejo
La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha iniciado la sesión declarando en rebeldía y expulsando del procedimiento en curso al acusado Juan Manuel León Leiva, tras ausentarse de nuevo al juicio.
Tampoco ha comparecido a esta sesión José Manuel Villarejo. El excomisario, que sí acudió a la sesión del miércoles vestido con la toga de letrado, tuvo que ausentarse por un asunto judicial en otro juzgado.
Esta segunda sesión no ha sido suficiente para la exposición de todas las defensas, por lo que la presidenta del tribunal ha concluido continuar con la exposición de las cuestiones previas en la próxima sesión programada el 15 de noviembre.
