Hace varios años que el turno de oficio está en boca de los responsables de la Justicia española. Desde tiempo atrás, muchos de esos responsables ven en la justicia gratuita una factura demasiado elevada para la administración, y se van a haciendo propuestas que cada vez están más cerca de la privatización de lo que es un derecho constitucional de todos los ciudadanos y ciudadanas, como es el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad, seas quien seas y tengas los recursos que tengas, esto es, el derecho a la tutela judicial efectiva.
Parece pues, que el ministro de Justicia está aprovechando el parón de la Administración decretado por su gobierno para avanzar en esta vía, y ha encargado que se realice una propuesta para «modernizar» la Justicia gratuita, sin más trámite administrativo que el dedazo y su propio criterio, a Antonio Garrigues, fundador y referente de una de las firmas de abogados más potentes del país. Un tipo de despacho que aboga por la política «pro bono», esto es, cobrar a porcentaje de los clientes, y que está en las antípodas de lo que es la asistencia jurídica gratuita.
Es curioso que se le encargue a un jurista, cuyo despacho destaca por las minutas millonarias, la propuesta de funcionamiento del turno de oficio, donde no se cobra nada. Igual de curioso que encargarle el ministerio de Justicia a un juez que casi nunca ejerció como tal.
Junta de Andalucía
Sin embargo, el despacho Garrigues no es nuevo en esto de trabajar para gobiernos socialistas, pues vino asesorando al gobierno de la Junta de Andalucía desde 1999 hasta 2011, por lo menos. De hecho, estuvo salpicado en el caso de los ERE, hasta el punto de que, en 2012, la jueza, Ayala, imputó a dos abogados de este despacho, uno de ellos socio, por el cobro de una nada despreciable minuta de 110.000 euros, entre otras cosas.
Pero tampoco es nuevo el ministro en la política, puesto que fue concretamente, en la Junta de Andalucía, donde inició su carrera como alto cargo que se dilata hasta hoy, la cual se inició en 1997, cuando fue nombrado Director General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía, cargo que ocupó hasta 2011 (después de eso, ha ocupado siempre altos cargos hasta llegar al Ministerio en enero de 2020). Es curioso que el ministro llegara a la Junta pocos meses antes de que lo hiciera Garrigues para a asesorar al gobierno andaluz. Justo como ahora, que llega a ministro de Justicia al gobierno de España y, 100 días después, aparece de nuevo Garrigues para asesorar al Ministerio, sin que haya mediado ningún tipo de concurso público ni licitación alguna para recibir este encargo, según se desprende de la propia nota de prensa del Ministerio.
Competencia desleal
Lo que se juega en torno a esta propuesta es, ni más ni menos, que el derecho fundamental a la Justicia de la ciudadanía, así como la competencia desleal que pueden llegar a realizar grandes firmas frente a los despachos unipersonales o de abogados autónomos asociados, para los que es imposible competir contra esos gigantes de los negocios.
Para ser didácticos, hasta ahora, el turno de oficio está gestionado por los diferentes colegios de abogados del Estado, que se suelen corresponder con los partidos judiciales. Si alguien necesita un abogado de oficio acude a la oficina de justicia gratuita de su juzgado y ahí le asignan un letrado. O si eres detenido y no tienes abogado, tal y como se dice en todas las películas, se te asigna uno de oficio.
Contraprestación ridícula
Las y los letrados de oficio acuden a hacer esas asistencias, que pagan los colegios de abogados conforme se van justificando. Para que se hagan una idea de los precios, en Barcelona (cada colegio tiene sus honorarios), un expediente de despido laboral de turno de oficio le supone al letrado un ingreso de unos 200 euros aproximadamente; una guardia de violencia de género sin asistencias, unos 60 euros; y un recurso contencioso administrativo, unos 180 euros. Ese dinero es entregado por la administración de Justicia a los colegios profesionales para que ellos realicen los pagos, sin que exista negocio en esa transacción.
Las y los abogados que prestan este servicio se quejan de la falta de recursos, de la saturación en el trabajo y de la tardanza en el cobro de las asistencias realizadas que, además de ser ridículas, llegan tarde y mal. Hay territorios como Madrid, donde el retraso en el pago puede llegar a ser de años. Los ingresos de turno de oficio suelen servir para pagar las cuotas de autónomos o un aparte de los gastos de los pequeños despachos, ya que no dan para más. Pero pese a todo, los y las profesionales siguen prestando el servicio y asegurando el derecho fundamental a la Justicia.
Pero los intereses de los abogados y abogadas poco coinciden con los grandes despachos de facturación millonaria. Éstos llevan tiempo elucubrando como convertir ese derecho a la Justicia en un negocio, cosa que nunca debería ocurrir. Sin embargo, el interés desmesurado del ministerio del ramo en recortar el gasto en justicia gratuita parece que puede abrir la puerta a la privatización de este servicio.
No es la primera vez que se propone que sean los abogados del turno de oficio los que les cobren a los clientes, si es que estos llegan a cobrar algo en los procedimientos iniciados. Y si, tras años de proceso judicial, es imposible cobrar, entonces sería el Ministerio quien, finalmente, abonaría las exiguas minutas. Esto haría, por una parte, debido al poco montante de algunas reclamaciones, si se sabe que de ahí deben abonar un porcentaje, que muchas personas que acuden a la justicia gratuita dejarán de hacerlo y, por tanto, se verían privadas de facto de su derecho a la tutela judicial efectiva.
Como trabajar gratis
Por otra parte, este tipo de planteamiento, que exige trabajar gratuitamente durante años, es imposible de soportar para los profesionales autónomos o los despachos pequeños, que necesitan todos los ingresos posibles para subsistir, con lo cual, dejarían de prestar ese servicio y, por tanto, de ser competencia para las grandes firmas.
Sin embargo, los despachos con cientos de personas y millones en facturación si pueden asumir ese coste, puesto que sus elevados ingresos vienen de otro lado. Y así, podrían entrar en el ámbito del turno de oficio en esas condiciones, sin competencia de los profesionales autónomos, y acabar gestionando los casos de justicia gratuita como se gestionan los expedientes de recobro de deuda, con la mínima atención, con becarios y con ningún interés, más que el de interponer el procedimiento mínimo para poder cobrar la actuación.
Esto, que debe parecernos un desastre, debe ser el objetivo del actual ministerio de Justicia, y debe ser por ello que ha encargado a este perfil de profesional (abogado privado de despacho millonario y escogido exclusivamente a dedo por el ministro), el diseño del futuro del turno de oficio y el derecho a la justicia gratuita, y no a los colegios de la abogacía o a las asociaciones de abogados y abogadas o a los letrados de la Administración y Abogados del Estado, que justo están para emitir este tipo de dictámenes. El punto está en el modelo de justicia que quiere el ministro, si quiere el de la justicia como un derecho o la justicia como un negocio.
Menor colapso judicial
A saber, si los pobres, beneficiarios de la justicia gratuita, dejan de pleitear, se aligera el colapso en los juzgados. Y si, en lugar de pagar cada mes el gasto de los abogados de oficio, se lo ahorran para que sean los grandes despachos quien lo cobre, esa factura que no tiene que pagar. Para un modelo neoliberal de la justicia, esta solución es perfecta. Suponemos, por la elección de Antonio Garrigues, que es esto lo que persigue el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Sin embargo, ahora más que nunca tenemos muy presente lo que ocurre cuando se deja en manos privadas la gestión de los derechos fundamentales, como estamos viendo en el caso del derecho a la salud y a la asistencia sociosanitaria en hospitales al borde de colapso, o en residencias de ancianos donde se cuentan los muertos por decenas y los beneficios por millones.
La justicia es un derecho fundamental, y como tal, debe de ser también universal y de acceso en condiciones de igualdad para todos y todas. Sin embargo, las perspectivas ante estos hechos son inquietantes. Esperemos que este gobierno y este ministro, que se autoproclaman progresistas, no dejen a la justicia para todos confinada para siempre, pues no hay progreso posible sin justicia.
