Opinión

Caso Ayuso: La Fiscalía le ve poco recorrido

Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez
photo_camera Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por eltaquígrafo.com han señalado que “si bien es cierto que los indicios de criminalidad aportados son suficientes para abrir una investigación pre procesal contra Isabel Díaz Ayuso, la sensación es que no se va a poder imputar a la presidenta de la Comunidad de Madrid la conductas concretas que exige el tipo penal para poder atribuirle el delito de tráfico de influencias”.

La actuación de Díaz Ayuso reviste todos los indicios de “irregularidad moral”, incluso, -afirman estas fuentes-, las sospechas iniciales obligan, efectivamente, a una profunda investigación pero, “por lo que estamos viendo y por la documentación aportada, no se desprende que la presidenta de la Comunidad haya tenido un papel activo y, sobre todo, suficiente para la consumación del delito.  Y si ha jugado algún papel, probablemente será imposible encontrar su rastro”.

Difícil de probar

Los fiscales hacen constar que ese contrato se adjudicó a dedo, pero no fuera de la legalidad dado que la situación normativa excepcional provocada por la Covid19 así lo permitía.

Hoy por hoy, el fiscal no dispone de documentos con la firma de Díaz Ayuso que la relacionen con el contrato por 1,5 millones de euros que la Comunidad de Madrid suscribió con la empresa del amigo del hermano de la presidenta para la compra de mascarillas.

Según la Fiscalía: “no disponemos de esos documentos ni se les espera”.  Anticorrupción tampoco confía en que algún sobrevenido testigo pueda delatar una conducta directa de la presidenta con quien, desde la Comunidad o desde la empresa adjudicataria, se estableció el polémico contrato.

¿Indecente o delictivo?

El fiscal jefe de la Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha hecho cargo de la investigación. Su intención es agotar todas las líneas posibles de indagación para acceder a todos los rincones donde puedan encontrase indicios incriminatorios (o no) de eventual criminalidad.

“Aquí no estamos para juzgar la moral o la ética de nadie. Nosotros sólo trabajamos con el Código Penal”, ha dicho a este medio en un tono de casi resignación un veterano fiscal.

Comentarios