Esta semana eltaquigrafo.com adelantaba que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite, en un auto firmado el pasado día 10, la denuncia que los antiguos propietarios de Banco Madrid, (filial española de la Banca Privada de Andorra), habían presentado contra el Estado español por la intervención ilegal de la entidad, ante la sospecha de que en ese banco se estaba blanqueando dinero procedente del crimen. La justicia archivó el caso y el propio Banco de España poco menos que ha pedido disculpas. Ahora, los antiguos dueños reclaman 140 millones al Estado. Eso es una buena noticia para los imputados en el caso BPA que se juzga en Andorra. Cabría pensar que si la entidad española, regida por los mismos parámetros de actuación y complience que la matriz, ha quedado exonerada de culpa, la sentencia andorrana debería ir por derroteros similares respecto a la BPA.
Eso ya se verá. Aún queda mucho juicio y la defensa y la acusación continúan afilando sus respectivas bayonetas para convencer al Tribunal de Corts que, con santa paciencia, está dirigiendo este juicio. Por lo tanto, otro inconveniente para la Fiscalía General de Andorra. Pero no es el único. El fiscal Alfons Alberca esperaba como agua de mayo la calificación provisional de la fiscalía española en el llamado “caso Emperador” que se ha instruido en la Audiencia Nacional.
Da la sensación de que Alberca lo esperaba para acaparar munición incriminatoria cara al escrito de acusación definitivo del llamado caso BPA. Como se sabe, la sospecha de la acusación pública andorrana es que el principal investigado en el “caso Emperador”, el empresario chino Gao Ping, blanqueaba dinero en la BPA, esa “maquinaria bancaria de blanqueo”, según definió recientemente el propio presidente del país, Xavier Espot. Pues bien, para blanquear es preciso la existencia de un delito antecedente y, al menos, da la sensación de que los delitos que en España se atribuyen a Gao Ping y sus hombres no son exactamente esos delitos antecedentes que se requieren y que generan como beneficio un dinero procedente de la actividad criminal (Drogas o prostitución, por ejemplo).
Como muestra, un botón: la supuesta detención ilegal que la fiscalía española atribuye a Gao Ping, en sí misma y en caso de ser acreditada (la supuesta victima dijo que nunca fue secuestrada), no supondría un delito que “fabricase” dinero negro que justificase o precisase de un eventual y posterior blanqueo en Andorra. Sin embargo, siendo, como parece, más que evidente que Ping no se va a poder zafar en España del descarado delito fiscal que ha cometido, no tengo tan claro que ese escrito de acusación provisional de la fiscalía española sea exactamente la patente de corso que tiene la Fiscalía General andorrana para pedir el castigo a los 24 imputados en BPA.
En definitiva, no creo que se trate de dos buenas noticias para la fiscalía andorrana y sí creo que el Tribunal de Corts tiene ante sí la oportunidad de dictar una sentencia que, sea en el sentido que sea, dejará muy claro al mundo entero los límites insalvables que el mundo financiero, pero también el político, nunca deben de traspasar.
