A principios del mes de junio de 2010, el juez Instructor número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, había ordenado a Asuntos Internos de la Guardia Civil que interviniese los teléfonos de los oficiales y guardias del grupo antidroga ECO de la comandancia de Barcelona, ante la sospecha de que sus miembros se habían quedado con 29 paquetes de cocaína, incautados en el trascurso de una operación acaecida el 28 de mayo de 2009. Ese es el inicio del llamado “caso Macedonia”. Poco antes de que del juez diera esa orden al SAI (Servicio de Asuntos Internos) de la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra le habían dicho a su señoría que no veían “en sus compañeros del grupo ECO delito alguno” y que, por lo tanto, no iban a pedir al juez ninguna diligencia indagatoria como éste les exigía.
Aguirre creyó estar ante un caso de flagrante corrupción policial en connivencia con el narcotráfico. El juez tenía esa convicción sin que, aparentemente, nada de lo que recoge el sumario hiciera pensar que la cosa pudiera ir por aquí.
Irrumpe la prensa
El día 10 de junio el país se despertó con una noticia que avanzaba El Periódico de Catalunya: “Un juez de Barcelona investiga a agentes de las fuerzas de seguridad por sus contactos con narcotraficantes”.
En los informes internos del grupo ECO a los que ha tenido acceso ésta redacción se afirma que “se considera que la noticia fue filtrada a la prensa, vulnerándose el secreto del sumario o bien por el SAI, o bien por alguien del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona al objeto de obtener reacciones de los imputados (cuyos teléfonos estaban pinchados) que a posteriori pudieran ser utilizadas para probar su presunta relación con el narcotráfico”.
Es decir, la sospecha del grupo antidrogas es que alguien filtró el asunto para que los teléfonos se “calentaran”. Sin embargo, parece ser que eso no ocurrió. Así, que al día siguiente, en el mismo medio se volvió a publicar otra noticia donde se dejaba claro que se estaba investigando a agentes del grupo ECO. Las víctimas de esa oscura actuación están seguras de que las filtraciones fueron “consentidas o motivadas por el SAI”.
Aguirre a tope
Cuatro días después, el 14 de junio, Aguirre y Asuntos Internos de la GC irrumpieron en la Comandancia y se llevaron todos los archivos del grupo ECO. El juez imputó a 9 de sus miembros, incluido el entonces comandante Daniel Baena. La causa contra estos agentes duró 6 años. Finalmente, sólo dos fueron a juicio por un delito menor (“falsedad imprudente” por un error en la redacción del atestado) que nada tenía que ver ni con narcotráfico, ni con organización criminal. Los dos guardias fueron absueltos y el fiscal no recurrió.
La fiscalía abandona al juez
De hecho, la Fiscalía, poco a poco, se ha ido desentendiendo de las soflamas incriminatorias y de las teorías inculpatorias de Aguirre. No ocurría así al principio. Según algunos de estos informes, el fiscal que el 16 de junio de 2010 interrogó junto con al juez Aguirre al instructor del atestado policial, le dijo al abogado del sargento secretario de las diligecias que “habéis tenido la mala suerte de topar con un juez que le gusta investigar” y que “era del momento de hablar ya que se piensa mejor en libertad que en prisión”.
Ese fiscal, a las pocas semanas, no debió de ver muy claro lo enmarañado que estaba el caso y los derroteros que tomaba la instrucción que dirigía Aguirre y pidió a su jefatura el relevo aduciendo problemas de salud derivados directamente de lo que le acontecía en esa oficina judicial y en ese sumario concreto.
El juez y Manos Limpias
Fue entonces cuando se hizo cargo del asunto la Fiscalía Anticorrupción. Esta Fiscalía fue de la mano de Aguirre durante los siguientes meses, pero transcurrido ese tiempo también se bajó del barco y empezó a virar su posición: de ser una fiscalía que aplaudía (casi jaleaba) al juez, a cuestionar radicalmente los postulados y teorías de Aguirre, que salvo por el apoyo del sindicato ultra Manos Limpias, personado como acusación popular, pasó a estar ineludiblemente solo.
Lo relatado en este artículo es sólo una parte del “caso Macedonia” que se está juzgando en la Audiencia de Barcelona.
Continuará.