Hace unos años asistí a una comida con reputados miembros de la Fiscalía en la que se habló, entre otros temas, del origen y la gestación del caso Urdangarín. En resumen, vinieron a decir que ellos, los fiscales, con la ayuda de eficientes policías, durante años y en sigilo, habían ido acumulando pruebas y más pruebas contra el yerno real pero que no encontraban nunca el momento oportuno de judicializarlas. Los fiscales tenían la sensación de que los de arriba iban a lanzar a la papelera todo el esfuerzo y el material incriminatorio acumulado. Esperaban, pues, una señal. Y esta se produjo. Primero, puntuales y escogidas filtraciones. Después, un ramillete de periodistas afines que, poco a poco, iban dejándolas caer. Más tarde los amigos de Lepe, siempre tan sagaces y geniales, empezaron a fabricar chistes y chistes sobre el yerno real y a partir de entonces, en ese momento, cuando la cosa punible había calado ya en el sustrato de la sociedad, el rey y los mecanismos de que dispone el Estado para blindarse de tormentas se vieron impotentes ante la metástasis de un rumor indiciario que, para unos pocos entendidos, eran pruebas palmarias e inequívocas de las tropelías del exjugador de la selección española de balonmano. Y el rey, en aquel discurso televisado por Navidad dijo aquello tan bonito de que “la ley tiene que ser igual para todos”, abandonando, así, a su suerte, al marido de su hija menor. A los pocos días, el fiscal judicializó el asunto.
Algo así ha pasado con su majestad el emérito. Algunos periodistas irreverentes y de colmillo afilado, muy afilado, llevaban años zurrándole. Primero con indicios, luego con pruebas, pero siempre con el grueso de la prensa de perfil y con la clase política, incluida la progresista, militando en lo de “no tocarlo, no menearlo”. Pero el cáncer de la maldad, camuflada de campechanía, y su consiguiente metástasis es lo que tiene y lo de la cara dura del rey y lo de su incontinencia sexual se hincó como un jeringazo en el alma de la sociedad española. Ya no había vuelta atrás. Primero abdicó y luego se las piró con el rabo entre las piernas. Ahora, la Fiscalía cuando el terreno es fértil, proclive y propicio, no antes, ha decidido desenfundar un arma cargada de munición. Lo ha hecho siguiendo estrategias ya conocidas y, por lo que se ve, eficaces. Primero se busca la fecha más oportuna para arrancar, y luego se dejan caer algunos papelitos para ganar afinidades y apoyos.
Veremos cómo acaba. Me aventuro a pensar que si el Ministerio Público no encuentra el motivo jurídico (prescripciones, etc…) para archivar esa indagación preprocesal, el caso llegará a la justicia, donde la cosa se le pondrá magra para su emérita majestad. Si llega a manos de un juez, no habrá vuelta atrás. La cabeza de Don Juan Carlos, servida en bandeja, será el precio que la monarquía deberá pagar si pretende que Leonor un día se enfunde la corona de reina.
Lo grave de todo esto es que en el caso de Urdangarín fueron honrados policías los que decentemente obtuvieron indicios y pruebas contra él. Luego la Fiscalía lo afinó. Mientras que en el caso de Juan Carlos I tuvo que ser el concurso de un tipo tan despreciable como el excomisario Villarejo el que, con la ayuda de la vampírica Corinna Larsen, ayudó a hacer aflorar la verdad.
Puestos a asumir que todo esto es una mierda, y como estoy abocado a mi edad a ser más "integrado que apocalíptico", me postulo del lado de la estratégica y maquiavélica Fiscalía. Visto lo visto, no son lo peor. A ver cómo acaba todo.