Hubo un tiempo en el que la Fiscalía podía investigar (eso que se llama investigación preprocesal) con una cierta manga ancha y sin corsés, al menos temporales. Digamos que el sistema concedió a esta institución garante ni más ni menos de la legalidad, la condición de motor de una parte sustancial de la investigaciones contra los “delincuentes de metralleta” y también contra los “delincuentes de moqueta”, tan activos y prolíficos en nuestra sociedad.
Sin embargo, la Fiscalía, proactiva y desacomplejada, al menos durante aquellos años de “felipismo”, empezó a incomodar a más de uno. El PSOE y su rodillo de mayorías absolutas se empezaba a desmembrar como un leproso, a la par que maldecía a aquellos a los que en su momento, y “graciosamente”, habían investido con la aureola de independencia y dotado de los medios (Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo), para que el Estado de Derecho posfranquista funcionase adecuadamente.
Digamos que el hijo al que se amamantó, se hizo grande, demasiado grande, y díscolo. Entonces, y como consecuencia directa, se promovió una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que limitó la pegada y el recorrido de esas investigaciones preprocesales en el fondo y en las formas. Para empezar, y una vez aprobada dicha reforma, el fiscal tenía, y tiene, que informar al investigado de que se le está investigando. ¡Tremendo oxímoron! Y además no se le puede investigar por espacio de más de seis meses, sometidos a la posibilidad de eventuales prórrogas a expensas del albedrío del Fiscal General de Estado, que nombra el poder político.
Obligado resulta recordar cómo desde las filas de Convergència i Unió, coalición nacionalista en que se apoyó a última hora el quebradizo gobierno del PSOE, se pergeñó y azuzó dicha reforma. Su portavoz en la Comisión de Justicia de aquella época, el militante de Unió, exconsejero de Estado y actual abogado en el bufete de Miguel Roca, Manuel Silva, tuvo un papel decisivo, casi coercitivo, para que aquella reforma llegase a término. Curiosamente su partido, Unió Democrática de Catalunya, estaba en el punto de mira de uno de esos rifles que empuñaba la fiscalía por aquel entonces. Y, casualmente, el PSOE necesitaba de los nacionalistas catalanes para seguir en la poltrona. La reforma se aprobó.
Explico esto porque cuando se habla de corrupción política no hemos de olvidar que los que pueden hacer y deshacer para que policías, jueces y fiscales tengan más medios, más cobertura legal y más musculatura en su actuación investigadora son precisamente aquellos que no quieren que eso ocurra. Claro, los políticos que podrían abanderar estas reformas para mejorar la eficacia de los investigadores son los que un buen día pueden acabar siendo objeto de dichas diligencias.
En los llamados 'papeles de Pandora', aparecen un rey y una docena de presidentes y expresidentes de gobiernos de distintos países del mundo con cuentas en paraísos fiscales constituidas con empresas pantalla. ¿Cómo quieren que acabemos con los paraísos fiscales si es en esos paraísos donde anidan aquellos que los han de erradicar?
Complejo, muy complejo y descorazonador este mundo nuestro en el que vivimos y morimos. Contemplamos atónitos y con bobalicona mueca, las injusticias y obscenidades de un sistema que permite que los poderosos campen impunes, inmunes y blindados en sus cortijos mientras que eso que llamamos “la gente”, “el pueblo”, “la masa,” se despierta, como dice Serrat, cada día sin saber qué pasa, chupando un palo sentada sobre una calabaza.