A vueltas con el recién conocido escrito de acusación de la Fiscalía contra la familia Pujol, que les llevará a juicio por organización criminal, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, y por los que la fiscalía pide un total de 129 años de cárcel para el conjunto de los procesados, cabe destacar las aplastantes similitudes (y las no menos incomprensibles diferencias) que para la justicia andorrana tienen la trama Pujol y el caso Emperador. En concreto, la figura de Rafael Pallardó, el hombre de los maletines de Gao Ping. Los hechos son los mismos pero en España unos son unos villanos y en Andorra lo contrario.
Andorra empezará a juzgar el próximo 31 de mayo la primera de las causas contra la extinta BPA, el banco de los hermanos Cierco que fue acusado de blanqueo de capitales por el Tesoro Americano en 2015. Este juicio, que se ha iniciado sin éxito en numerosas ocasiones, tratará de discernir si el dinero que Rafael Pallardó ingresó en su cuenta de la Banca Privada de Andorra, y que supuestamente provenía de la organización de Gao Ping, tenía un origen ilícito a ojos de la justicia andorrana y, en el caso que así fuera, si los empleados del banco lo sabían e hicieron lo normativamente estipulado para detectarlo y evitarlo.
Pues resulta que a falta del escrito de calificación de la Fiscalía Anticorrupción española sobre los delitos de la trama Emperador, se da la circunstancia de que, hoy por hoy, Rafael Pallardó puede llegar a ser acusado en España de los mismo delitos que la familia Pujol: organización criminal, falsedad documental, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Pero curiosamente su futuro procesal en lo referente a Andorra es mucho más complicado para él que para el clan catalán.
El fraude fiscal no era delito en Andorra
Para entender esto, o mejor dicho, para no entenderlo, hay que hacer referencia forzosa al Código Penal andorrano, que en los años en los que se cometieron estos delitos excluía el fraude fiscal como actividad criminal y, por lo tanto, como posible delito de blanqueo de capitales. Dicho esto, aquí vienen las diferencias. Nos encontramos con dos “clanes”, el de los Pujol por un lado, y el de Gao Ping por el otro, que serán llevados a juicio por los mismos delitos en España. Mientras que en Andorra solo uno tendrá que rendir cuentas ante los tribunales.
A los Pujol ni se les toca. No tienen ninguna causa pendiente en el país de los Pirineos y su banco de cabecera, el Andbank, actuó siempre correctamente. Por otro lado, el empresario catalán Rafael Pallardó tiene una causa abierta en Andorra por blanqueo de capitales y su actividad bancaria (idéntica en la mayoría de bancos andorranos en los que tuvo cuenta, incluido en el Andbank) se ha llevado por delante a la BPA y tiene a trabajadores y directivos de esta entidad sentados en un banquillo pendientes de un juicio por blanqueo.
Ambos clientes realizaron operaciones de compensación, las de la BPA ampliamente informadas en las diligencias que hoy obran contra la entidad, y las de los Pujol en Andbank claramente explicitadas en un informe de la UDEF en manos de la Fiscalía con la famosa “carta chófer”. Una operativa también realizada por otras entidades andorranas, conocida por sus supervisores bancarios y que nunca fue prohibida.
No obstante, la justicia andorrana que ha instruido el caso BPA y, especialmente, la Fiscalía del Principado, parecen haber olvidado que las dos entidades bancarias actuaron de igual modo ante sus clientes y lo hicieron bien las dos, al tener claro y justificado ambos bancos que el dinero de sus clientes procedía del fraude fiscal, como se evidencia hoy, y no del crimen organizado.
Y es que la semblanza entre estas dos tramas es tanta, y se escribirá tanto sobre ellas, que conviene estar muy atento a los movimientos judiciales en ambos países. En uno o en otro país no lo están haciendo bien. ¿O quizás en los dos?