El juez García Castellón no permite a los Pujol la condición de perjudicados en la causa Villarejo a pasar de haber sido cruelmente extorsionados y perseguidos por el excomisario. Dice que los informes del comisario al respecto del clan son de cariz policial y no, consecuencia del encargo particular de nadie. Si lo de Villarejo sobre los Pujol son informes policiales, la querella contra Rajoy, Fernández Díaz y Cosidó presentada hace meses en Andorra por la asociación de Pro-Derechos Humanos, en base a los informes de Villarejo, debería de tomar impulso inmediato.
Si lo del excomisario es munición incriminatoria de carácter policial, oficial, registrada, encargada y conocida por el Ministerio del Interior nada debería impedir el inmediato interrogatorio de los querellados por cuento la denuncia está, pues, cargada de sentido y de argumentos por desentrañar.
Villarejo, en cuatro informes de su puño y letra, habla de un complot auspiciado por el gobierno de España, a través de su Ministerio del Interior, para recabar información bancaria de los Pujol y de otros renombrados líderes independentistas en Andorra, aunque eso supusiera la aniquilación de la BPA.
La justicia no se veta, ni se construye. Se descubre.
